Al mismo tiempo, la política de impunidad para los gobernadores e intendentes, las fuerzas de seguridad o la burocracia sindical, son un intento de las clases dominantes para fortalecer los poderes fácticos para lo que se viene. El Frente de Izquierda, mientras participa de distintas luchas y procesos de organización obrera, impulsa su campaña contra los candidatos del ajuste y la impunidad, apostando a desarrollar una gran fuerza política y social para los desafíos de la próxima etapa.
Los patrones buscan una mayor explotación
Uno de los caballitos de batalla de los principales presidenciables es la promesa de mayor productividad, para aumentar ganancias y atraer inversiones. En ese sentido, la lucha por el control de los sindicatos para incrementar la explotación obrera (de eso se trata), encierra un problema estratégico. Lo saben los trabajadores de Lear, Gestamp o Coca Cola, entre tantos otros. Los ataques de las patronales, el gobierno y la burocracia buscan desarticular las organizaciones democráticas y combativas de los trabajadores para aumentar los ritmos de trabajo, despedir y flexibilizar según antojo de los empresarios.
Con claridad lo dijo desde El Cronista Comercial el asesor empresarial Julián de Diego, quien fuera abogado de la multinacional Krat en el conflicto contra los despidos masivos de 2009. Sin pelos en la lengua, dijo una parte central de lo que los presidenciables del ajuste piensan poner en práctica. De Diego tituló “Cae la productividad por conflictos con los delegados gremiales fuera de control”.
Según el asesor, “la pérdida de productividad y el tiempo perdido por medidas de fuerza anómalas, asambleas supuestamente espontáneas, e interrupciones en tareas y producción, son la segunda causal de los últimos diez años después de las ausencias por enfermedades y accidentes”. Le sigue una defensa de la burocracia contra los delegados de base y una encendida argumentación para limitar el derecho a huelga.
El plan es claro: atacar a los delegados de base y fortalecer a la burocracia, para que la productividad y las ganancias se puedan lograr sin que haya “estorbos”. Esta política, junto a las facilidades para girar utilidades al exterior y saquear los recursos naturales es la que busca seducir al capital para que lleguen las inversiones. Con pocos matices, es el programa de los principales candidatos presidenciales.
Sindicalismo de base, izquierda y burocracia sindical
Desde este ángulo deben leerse las batallas de la izquierda y el sindicalismo combativo contra la burocracia sindical, el gobierno y las patronales. En la última semana, hubo importantes peleas en varias fábricas combativas, escaramuzas preparatorias de cara a una pelea que será mayor después de octubre.
Mientras los diputados del FIT son parte de la lucha contra el ajuste, las clases dominantes y la burocracia sindical buscan derrotar a quienes resisten. Muy claro fue el ex menemista Rodolfo Daer festejando el triunfo de la burocrática Lista Unidad en Mondelez, y cuestionando a la izquierda que en 2009 resistió los despidos.
En los últimos días, los triunfos de los sectores combativos y la izquierda en Cresta Roja, Alicorp y el 44% de los votos obtenidos en Mondelez, junto a las luchas de Donnelley, Worldcolor y Coca Cola expresan a cientos y miles de obreros que respaldan el avance del sindicalismo combativo y de izquierda. En estas empresas cientos de trabajadores han sido parte de las listas del Frente de Izquierda en las elecciones de este año. Se proponen ahora aprovechar la campaña para llegar a millones con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
Contra la impunidad
Los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales no sólo quieren el ajuste: también defienden la impunidad de los poderosos en los casos de corrupción, de los genocidas que siguen libres, del gatillo fácil, de los responsables de las redes de trata, de los que saquean el país y destruyen el medio ambiente.
La semana ha sido generosa en acontecimientos que alumbran sobre el carácter reaccionario de este régimen político. El balance de la crisis tucumana arrojó como resultado la impunidad de quienes gobiernan para los poderosos. Una corte adicta a los partidarios del Acuerdo Para el Bicentenario, anuló las elecciones fraudulentas. Días después, otra Corte, afín al oficialismo provincial y nacional volteó la resolución ratificando a Juan Manzur como gobernador. El escándalo del fraude, el de los “acoples” que institucionalizaron oficialistas y opositores seguirá vigente y plantea, acabar con el régimen electoral tucumano que, apoyado en un ejército de punteros, garantiza la pobreza estructural en la provincia.
Otro acontecimiento que demuestra que la impunidad no es exclusiva del Frente para la Victoria ha sido el “Niembrogate” y los posteriores negociados del PRO con la pauta publicitaria. Todo un golpe al discurso “republicano” de una oposición tan corrupta como los denunciados por lavar dinero con Hotesur.
El “narcoarroz” es otro ejemplo. “Todas estas empresas (se refiere a las involucradas en el delito, NdR) sirvieron como mascarada durante por lo menos 5 años para las operaciones de la banda narco. Capitalismo y narcotráfico se entrelazan íntimamente, bajo la complicidad, por acción u omisión, de todos los niveles del Estado”. El “narcoarrroz” demuestra que el delito de narcotráfico no es sólo facultad de las policías santafesinas protegidas por el “socialismo” de Binner, pilar de apoyo de la centroizquierda de Stolbizer que suele hablar de “igualdad y decencia”. Aunque en este escándalo también estuvieron involucradas las empresas concesionarias del puerto de Rosario, fue en la provincia de Buenos Aires, y en tierras de Massa, donde se sucedieron los hechos.
Por último, el gobierno de San Juan dio por “superado” el caso de derrame de cianuro y levantó la suspensión a la Barrick Gold. El entramado de complicidades entre el gobierno, la justicia y la empresa tiene por base leyes de los ´90 del Menemismo que otorgan todo tipo de favores a la multinacional.
De cara a octubre y lo que se viene
El FIT se propone hacer una gran elección para darle un mensaje a los poderosos de que no estamos dispuestos a pagar el ajuste, y conquistar nuevos diputados que fortalezcan las luchas que se vienen.
La pelea contra los candidatos del ajuste y la denuncia a una casta que se maneja con impunidad utilizando el poder político para sus intereses y al servicio de los poderosos son lemas de la campaña que encabezan Nicolás del Caño y Myriam Bregman del PTS, y relanzado junto al Partido Obrero e Izquierda Socialista. Scioli, Massa o Macri se pelean por ser los mejores gerentes de los empresarios, banqueros y terratenientes, los verdaderos dueños del poder. Las altísimas dietas y los privilegios son formas que tienen los capitalistas para mantener bajo su control a la casta política.
La lucha contra el ajuste, contra la precarización laboral, las suspensiones y despidos, en defensa del salario y por el reparto de las horas de trabajo manteniendo el sueldo en las fábricas afectadas, va acompañada de la denuncia a una casta que vive como una minoría privilegiada a imagen y semejanza de sus mandantes. La consigna de que todo funcionario sea revocable y gane como un maestro, la elección de jueces por sufragio universal y por jurados populares para juzgar la corrupción y los crímenes contra el pueblo, son parte de un programa acuñado por el movimiento histórico de la clase obrera internacional y que han sido la base para pensar la construcción de un nuevo Estado donde gobiernen los trabajadores en base a sus organismos de autodeterminación, la única clase con manos limpias para gobernar es la que nunca ha gobernado, la clase trabajadora.
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