La disputa entre el salario y la tasa de ganancia empresaria ha sido una de las principales fuentes de tensión inflacionaria desde 2007, cuando el índice de precios empezó a ubicarse cómodo en dos dígitos. La forma ortodoxa de abordar esa disputa por el reparto de la riqueza siempre ha sido, y ahora no sería distinto, disminuyendo el poder adquisitivo del ingreso e incrementando el desempleo. Para conseguirlo, la megadevaluación y la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos (luz, gas y transporte) reducirían la capacidad de compra del salario y la jubilación. A la vez, la apertura del comercio exterior a las importaciones empezaría a desplazar a la producción nacional, con el consiguiente cierre de empresas y despidos, mientras actúa como contención inflacionaria. Esa legión de desocupados se sumaría al ejército de personas sin empleo para actuar como disciplinador de reclamos por recuperar ingresos perdidos por el shock inflacionario de la megadevaluación o por la fragilidad laboral ocasionada por la apertura importadora.
El retroceso del salario real y el incremento de la desocupación requieren de un acuerdo conservador incluyendo a dirigentes sindicales para facilitar el asalto sobre la verdadera obsesión de neoliberales: la dinámica de las paritarias. Para debilitarla necesitan sumar como aliados a líderes gremiales alejados de los intereses materiales de los trabajadores, como quien fuera uno importante hasta hace unos años y ahora es apenas presidente de un club de fútbol. Hugo Moyano tomó como propias la redefinición de ajuste de los economistas del establishmet: “Hay que sincerar la economía, se malgasta el dinero”, afirmó a mediados de semana en un reportaje en radio La Red. En el actual contexto político, “sincerar” es afectar derechos de los trabajadores, disminuir el salario real y subir el desempleo para aliviar la presión laboral sobre las empresas.
El objetivo es condicionar las negociaciones paritarias con el argumento del “sinceramiento”, cuando en realidad se apunta a debilitarlas porque han sido un instrumento esencial para acordar aumentos salariales por arriba de cualquier índice de inflación. No serían suspendidas pero sí orientadas a que las subas acordadas sean por debajo del shock inflacionario provocado previamente con el “sinceramiento” (megadevaluación y tarifazo).
La suba de salarios, las paritarias y la creación de una importante cantidad de puestos de trabajo, en el marco de un crecimiento económico sostenido, mejoraron la situación relativa de los trabajadores formales. El Ministerio de Trabajo pasó de homologar 208 convenios básicamente de empresas en 2002 hasta registrar 1963 acuerdos paritarios por actividad en 2014. Las condiciones salariales y de trabajo que se negociaron en esos convenios cubrieron a más de 5,8 millones de empleados del sector privado. Los datos que brinda el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a partir de la información proporcionada por las empresas (cantidad de trabajadores y remuneraciones), indican que el salario medio real de los asalariados formalizados creció en los doce años de los gobiernos kirchneristas como mínimo un 50 por ciento independientemente del indicador de precios utilizado para deflactar la serie. Aún utilizando los índices más extremos, el salario real subió al menos en esa magnitud. Este ha sido el aspecto notable de este período inflacionario. A diferencia de episodios similares pasados, los trabajadores formalizados y los jubilados no fueron los perdedores por el alza de precios porque los salarios y haberes no retrocedieron en términos reales.
El crecimiento económico con una importante generación de empleo formal posibilitó, en un plazo relativamente breve, la reversión de la tendencia creciente del desempleo y la precarización laboral de los noventa, acompañada con la recomposición del poder sindical. De acuerdo al último dato disponible del Sistema Integrado Previsional Argentino, en agosto pasado el empleo registrado del sector privado creció un 2,8 por ciento, en relación al mismo mes del año anterior; lo que implica que en esos doce meses las empresas privadas crearon alrededor de 178.000 puestos de trabajo formales en todo el país. Con esta cifra se alcanzó el nivel de empleo asalariado registrado del sector privado más elevado desde el inicio de la serie en 1996. En la actualidad, existen más de 6,5 millones de puestos de trabajo en el sector privado declarados en el sistema de seguridad social, con los derechos y beneficios previstos en las normas laborales y previsionales, alrededor de 2,5 millones más de los que había en el mejor momento del régimen de convertibilidad (tercer trimestre de 1998).
La situación del mercado de trabajo previa al ballottage, con datos del tercer trimestre de 2015, muestra la tasa de desempleo más baja de los últimos 28 años y el nivel de empleo registrado del sector privado más elevado desde 1996. Estos son las condiciones sociolaborales y económicas que están detrás del objetivo del “sinceramiento” del tipo de cambio, los subsidios a las tarifas de servicios públicos, el nivel del gasto público, la tasa de inflación y la competitividad de las exportaciones. El “sinceramiento” tiene en la mira a los salarios reales para proteger e incrementar la tasa de ganancia esperada, y cambiar las actuales tensiones y tendencia de la distribución de la riqueza. Esta es la principal meta de quienes postulan el “sinceramiento” de la economía, que en otros momentos históricos se lo conocía como ajuste sobre los trabajadores y jubilados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario