PACTO DESESPERADO PARA POSTERGAR BANCARROTA A COSTA DE CONFISCAR EL PAIS Y A LOS TRABAJADORES

El pacto colonial de Griesa, Macri y el Congreso

La apertura de sesiones del Congreso aparenta seguir la rutina de un discurso inaugural con promesas y planes de gobierno. Pero esa ceremonia sólo será la cobertura de una operación financiera, que reforzará decisivamente el sometimiento de la Argentina al capital financiero internacional.

El “orden del día” al que se abocarán los diputados y senadores no bajó de las oficinas del Congreso. Fue redactado en Nueva York por el juez Tomás Griesa, a cargo del juicio que los fondos especulativos que no se acogieron a los canjes de deuda le siguen a la Argentina. Un editorialista destacó, días atrás, el “vuelco fundamental”(Cronista, 24.2) que tomaron las negociaciones con los fondos buitres cuando el juez Griesa resolvió que Argentina podría volver a pagar la deuda con los acreedores que aceptaron los canjes anteriores “si el Congreso derogaba las leyes cerrojo y de pago soberano”(id). Para ser más claro, Griesa fijó como cierre para las negociaciones con los buitre el 29 de febrero, o sea, un día antes de la inauguración del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el fondo de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para su pago –o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan el gancho. El gobierno de Macri pagará el 100% del capital de bonos defolteados que fueron comprados a una cifra entre cinco y diez veces inferior a su valor de emisión, y reconocerá el 75% de los intereses punitorios aplicados desde entonces. Ello significa que los litigantes obtendrán en promedio quince veces más que lo que “invirtieron” por estos bonos. La operación, sin embargo, no los tendrá como únicos beneficiarios: un consorcio de bancos liderado por el J.P.Morgan, el ex empleador de Prat Gay, le prestará a la Argentina unos u$s 11.000 millones a cambio de una emisión de bonos por 15.000 millones. Esos bonos cotizarán inicialmente por debajo de la par, pero –bajo la euforia inicial del arreglo con los buitre- los banqueros podrían revenderlos a su valor nominal, obteniendo un beneficio extraordinario en cuestión de días.

Para esta operación usurera, Griesa emplazó al Congreso argentino, el cual ha obrado en consecuencia: según las versiones, en la misma tarde de la sesión inaugural se convocaría a reuniones de comisión para debatir el paquete de leyes “buitre” – o sea, la derogación de las leyes cerrojo, junto a la oferta realizada a los fondos especulativos y la nueva emisión de deuda para pagarle al contado a aquéllos. Luego, los proyectos irían al recinto en cuestión de días, para pasar rápidamente al Senado. El capital financiero le ha arrancado a la democracia argentina un ultimátum, pero sus bloques políticos ya le habían enviado de antemano el acta de rendición.

Hundimiento de las provincias

Con los votos de “Cambiemos”, del massismo y de los diputados escindidos del FPV, el macrismo ya tendría asegurada la caída de la ley cerrojo y las nuevas disposiciones de deuda. El kirchnerismo “oficial” de Recalde y la Cámpora dice que no dará los votos que, de todos modos, el macrismo no precisa. En cambio, todo el Frente para la Victoria votaría afirmativo en el Senado, que es donde sus votos sí importan. El kirchnerismo ha resuelto una división de roles, el policía ´bueno´ y el policía ´malo´, para seguir perorando sobre la “resistencia” mientras acepta la batuta de Pichetto y Barrick Gioja, en el marco del PJ.

A cambio del voto “buitre”, los diputados pejotistas esperan un socorro financiero para sus provincias quebradas. Pero los términos de este auxilio replican el arreglo colonial de Griesa con el Congreso. Los diputados massistas y pejotistas han consentido el decretazo de Macri que retrotrae la decisión de reintegrarle a las provincias el 15% de los impuestos coparticipables que se destinan al Anses. A cambio de esta renuncia, el gobierno Macri prometió una devolución progresiva de esos fondos a lo largo de cinco años. Algún senador peronista ha reclamado que ese criterio ´quede plasmado en una ley´, o sea que lo aprobarán bajo esa modalidad. Un especialista en impuestos señala que esa devolución, por parte del gobierno nacional, quedará condicionada “a un gasto más eficiente”(Clarín, 28.2) en los distritos. En suma, el socorro a las provincias –contrapartida del voto “buitre”- será el instrumento de extorsión del gobierno Macri para forzar a un ajuste mayor. El acuerdo supuestamente `federal` establece una suerte de “Fondo Monetario” interior, en perjuicio de las provincias y de sus trabajadores. Anticipa, en verdad, el otro monitoreo, el del Fondo Monetario Internacional, que vendrá seguramente de la mano del reendeudamiento. Del lado del Estado nacional, una reducción de fondos al Anses será compensada con la reforma previsional que el gobierno ya ha insinuado, y que apunta a establecer una prestación subasistencial a quienes se jubilaron sin aportes.

Sin futuro

La excusa para el acuerdo colonial ordenado por Griesa es “el acceso al crédito productivo”, lo que le abriría al macrismo el camino de la estabilidad política y económica. Notablemente, quien acaba de defender esa tesis en las últimas horas es Cristina Kirchner, al afirmar que “si cierra con los buitres, Macri tiene doce años de gobierno”. Seguramente, piensa que, si lo hubiera logrado Kicillof, las trompetas sonaban para ella. Con ese propósito, los K habían cerrado sus acuerdos leoninos con el Club de París y los juicios del CIADI, antecedentes del arreglo de estas horas.

La burguesía argentina y sus representantes, de “Cambiemos” al kirchnerismo, están jugados al “reendeudaniento” y a un conchabo colonial con el capital financiero.

Pero los que esperan “inversiones” se mienten a sí mismos. La larga legión de provincias que están esperando la señal de largada para emitir deuda –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén entre otras- por unos 5.000 millones de dólares se caracterizan por sus presupuestos deficitarios, o sea que esperan endeudarse en dólares para cubrir sus quebrantos en pesos. Otra de las operaciones parasitarias es la que se tramita para “recapitalizar” al Banco Central, reemplazando las letras intransferibles del Tesoro por títulos en dólares. Esa nueva deuda, que ya tuvo un primer capítulo por 6000 millones, sólo apunta a blindar al Central frente a eventuales corridas, y otorgarle una garantía cambiaria a los especuladores.

Así las cosas, la deuda argentina podría acercarse rápidamente a los dos tercios de su Producto Bruto. Las expectativas de obtener un financiamiento menos costoso, por otra parte, se contraponen con las tendencias del mercado internacional, signadas por una fuga cada vez más intensa de capitales desde los países emergentes y por el derrumbe de las materias primas –o sea que Argentina carece de garantías reales para el endeudamiento. El “pacto buitre” es un acto desesperado para postergar una bancarrota, a costa de confiscar al país y a los trabajadores.

Desarrollemos una enérgica campaña de denuncia del pacto buitre entre Griesa, Macri y el Congreso, y por una salida de los trabajadores al sometimiento nacional.

Marcelo Ramal