La inflación y los despidos
son los instrumentos principales de los que se vale la clase patronal para
descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
El objetivo
estratégico de este “ajuste” es, más allá de la reacción ocasional, reducir en forma
más permanente el precio de la fuerza de trabajo y aumentar la tasa de
explotación, a lo que se llega mediante la precarización laboral y el
alargamiento de la jornada de trabajo. En lo relativo a la inflación, la tasa
anual en Argentina es, luego de la devaluación y los tarifazos, del 40%, en
tanto los despidos llegan a 150 mil desde enero pasado. En el caso de la
construcción, del petróleo y de la siderurgia tienen un carácter masivo.
¿Dónde están los sindicatos?
Los sindicatos, que son los
encargados de frenar este ataque del capital, no han movido, sin embargo, un
dedo. En numerosos casos se han firmado paritarias por un aumento del 20% por
seis meses, o sea admitido una desvalorización salarial por la diferencia con
la inflación; en petroleros, los sindicatos han renunciado a cualquier aumento,
incluso cuando la industria ha obtenido un subsidio para el precio del
petróleo. Una parte de la burocracia sindical tiene un acuerdo con el gobierno
que antecede a las elecciones de noviembre pasado; otra se ha subido a ese
acuerdo después. El ultra K Suterh (porteros) ha firmado por un 20%, mientras
CFK desfila por distintas tribunas con la intención aparente de ‘polarizar’ con
el macrismo. El gobierno ha aceptado pagarle en cuotas el monto retenido por
los servicios de salud de alta complejidad de las Obras Sociales; con menos
sofisticación, Hugo Moyano obtuvo el ‘sponsoreo’ del Banco Ciudad para
Independiente de Avellaneda. El macrismo protege los intereses sociales de la
burocracia sindical. La burocracia sindical votó el arreglo con los fondos
buitres, sea levantando la mano, sea escapando del recinto. Ese arreglo
compromete una línea de acción estratégica del gobierno y la clase capitalista,
que la burocracia no pretende cuestionar ahora con una lucha contra los
despidos o por el ajuste inmediato de los salarios. El inmovilismo interesado
de la burocracia sindical solamente podría ser conmovido, nunca revertido, por
una movilización obrera excepcional, como ocurriera en ocasión del rodrigazo de
1975 –o por una crisis de régimen político y la necesidad correspondiente de
operar un recambio. La burocracia, es bueno recordarlo, estuvo completamente
ausente en la rebelión popular de 2001.
Arrancar a la clase
capitalista la concesión de que asuma la crisis capitalista, plantea una lucha
de poder, que requiere de la clase obrera métodos excepcionales. Es lo que
quieren evitar los llamados partidos ‘populistas’ (nacionalismo burgués) y la
burocracia sindical. El ajuste inmediato de los salarios por la inflación o el
reparto de las horas de trabajo entre todos los obreros, sin tocar el salario,
asume un carácter decisivo para las dos clases en disputa: es vital para la
subsistencia social misma de los trabajadores y, antagónicamente, afecta la
acumulación capitalista. Esto explica que las patronales reaccionen a cualquier
limitación a su derecho al despido con la amenaza de dejar de tomar personal e
incluso de afectar la producción o el abastecimiento. La burocracia, salvo
excepciones, tiene elegido su campo. Esto mismo explica por qué el combate a
los despidos no tiene viabilidad en el campo de la legislación y del parlamento
del Estado capitalista, cuya función es defender la supremacía del capital
sobre el trabajo.
Dictamen de despidos
El dictamen que declara la
“emergencia ocupacional”, aprobado en la comisión de Legislación del Trabajo de
la Cámara de Diputados, es una legislación de despidos, aunque pretenda lo
contrario. Es, antes que nada, un intento de encubrir la inacción de los
sindicatos, que así se convierten en lobbystas y abandonan su carácter de
organizaciones de lucha. La llamada ‘oposición’ (que votó pago a buitres)
quiere disimular su componenda con el macrismo en momentos en que el
descontento social crece de un modo manifiesto. Con relación a su contenido, lo
mejor que se podría decir del dictamen es que judicializa los despidos fundados
en razones económicas, para acabar autorizándolos a cambio de una doble
indemnización. Con salarios desvalorizados, ni siquiera se puede decir que
encarezca la ahora llamada “desvinculación laboral”. No toca para nada el tema
de suspensiones, que en la industria automotriz cubre dos días de la semana, y
es una forma de cesantía indirecta o parcial. De todos modos, esta ley de
despidos disfrazada no pasa de ser una carta de intención, porque necesita el
acuerdo del Senado para prosperar. En el pase de pelota de un campo al otro,
podría pasar cómodamente el tiempo que se la ha asignado a la “emergencia”.
Como esta materia legislativa es, además, de resorte de las provincias, su
vigencia requeriría la convalidación de las Legislaturas. Cuando la burguesía
interpreta que se le quiere poner una rueda al negocio, la división de poderes
(parlamento bicameral, justicia, Ejecutivo) funciona como una máquina de
impedir. En 2002, el Ejecutivo de la Ciudad (Aníbal Ibarra) vetó la ley de
reducción de la jornada laboral en el subte a seis horas (sin afectar
salarios). Macri, más honesto, lo advierte por anticipado. Con este dictamen,
la burocracia sindical da por concluida su responsabilidad frente a los
despidos.
Después del envión inicial,
sin embargo, el proyecto ha perdido el entusiasmo de parte de sus gestores –en
especial en el Frente Renovador. De Mendiguren y Lavagna ya se han tirado en
contra. Con picardía, buscan ahora que el proyecto se transforme en un subsidio
al empleo, o sea que los contribuyentes carguen con los salarios –tipo Repro.
La energía que las patronales ponen contra la doble indemnización escasea
cuando se trata del tarifazo y de las tasas de interés (60% anual, en
créditos), en el primer caso porque grandes pulpos tienen negocios en los
servicios (Techint) o reciben exenciones, y en el segundo porque ellas mismas
ponen la plata en Lebac en lugar de hacerlo en ‘fierros’. En definitiva, este
dictamen sobre despidos terminará en la nada o incluso en nuevas cargas
impositivas para financiar a las patronales. Es claro que el movimiento obrero
y la izquierda no tienen nada que ganar con este episodio ignominioso de
encubrimiento y falsificación. A lo sumo, la polémica sobre la “emergencia
ocupacional” ilustra acerca de los contratiempos que empieza a sufrir el
régimen de gobierno de coalición a la carta, donde Macri pacta por sorteo con
los bloques ‘opositores’, a medida que emergen contradicciones en el ajuste y
sube el enojo popular.
Izquierda y parlamento
Si la lucha contra los
despidos y contra la rebaja salarial sólo puede ser encarada mediante la lucha
y la acción directa, ¿cuál sería la función parlamentaria de la izquierda?
Propagandear la necesidad de esa lucha y por sobre todo que hay una salida:
ajuste mensual de salarios, jubilaciones y remuneraciones de independientes. La
presentación de proyectos de leyes no tiene la finalidad de sembrar la ilusión
en un atajo parlamentarista para obtener las reivindicaciones o para economizar
fuerzas en la lucha, sino que apunta a contraponer el punto de vista obrero a
los planteos patronales. Apunta a desmontar la mistificación de que la sociedad
está condenada a someterse a la dominación y exigencias del capital. La izquierda
ve en la lucha un desarrollo de la capacidad de acción del trabajador y de sus
organizaciones; no un desgaste sino una potenciación, sin la cual no podrá
resolver el impasse histórico que atraviesa la clase laboriosa.
Por una campaña de
esclarecimiento en todos los sindicatos y lugares de trabajo. ¡Reparto de las
horas de trabajo sin afectar el salario!
Jorge Altamira
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