EL "CONSENSO" DEL AJUSTE A DECRETAZOS

La farsa del “diálogo nacional” y el ajuste por decreto

Scioli, Massa, Stolbizer y Rodríguez Saá avalaron el llamado de Macri a la “unidad”. Mañana verá a los gobernadores. El bonapartismo cambia de color: un Congreso sin sesiones extraordinarias y un gobierno a puro decreto.

Los motivos de tanto montaje escénico, amplificado hasta umbrales increíbles por la “Corpo” mediática, hay que buscarlos en la “gran política” de la clase dominante argentina, encaminada a lograr un ajuste económico que permita recuperar niveles de rentabilidad. 

Una vez más, “la política es economía concentrada” 

Los caminos del ajuste que prepara Macri tienen que cubrirse, necesariamente, con el manto del “consenso”. No por elección sino por necesidad. Las condiciones que parieron su mandato se lo dictan.

El carácter de una elección altamente polarizada en el balotaje, lo limitado de su propia base electoral (24% en las PASO) y la (auto) imposición de un discurso plagado de demagogia y frases hechas -tanto en la campaña como en las primeras horas de gobierno- determinan los límites sobre los que debe pivotear para impulsar la agenda de ajuste que la economía capitalista exige.

A esos condicionantes de origen es preciso añadir lo limitado de una “fuerza propia” entre los mandatarios provinciales, la burocracia sindical y las cámaras legislativas nacionales y menos que menos en “la calle”. Si algo faltaba en este cóctel, recordemos el “desplante” de la bancada kirchnerista en su acto de jura.

Este laberinto político le impone la necesidad de -siguiendo los consejos de Leopoldo Marechal- “salir por arriba”, buscando en la esfera de los acuerdos políticos superestrucuturales el necesario consenso para avanzar en las medidas de ajuste. En pos de ese objetivo, el desfile de ex candidatos presidenciales buscó crear la imagen de un diálogo que no es tal. Los visitantes hicieron la pantomima de expresar sus “preocupaciones” y Macri les correspondió la farsa en pos de “trabajar todos juntos”.

Pero la imagen del diálogo oculta los carriles por donde discurrirá la política “real”, marcada por rasgos autoritarios o, para ser más precisos, bonapartistas.

La verdadera herramienta de gobierno en los meses venideros serán los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dado que el Poder Ejecutivo no convocará a sesiones extraordinarias del Congreso. Hasta el 1° de Marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias, las decisiones presidenciales se implementarán con el mismo mecanismo que “republicanos” e “institucionalistas” criticaron a mansalva bajo el kirchnerismo (que efectivamente hizo uso y abuso del recurso).

La devaluación de la moneda; los ajustes fiscales; los cambios en los subsidios y, consecuentemente, la suba de tarifas; y los acuerdos con los fondos buitres serán decididos por Macri y sus ministros. Así, la pantomima del diálogo habrá servido para encubrir la apelación a los métodos del bonapartismo político. La figura presidencial será el centro de las decisiones políticas y económicas que hacen al conjunto de la nación.

Sus ex rivales lo comprendieron y corrieron gustosos a posar para la foto. Massa, como buen peronista, fue el que ilustró lo esencial del cónclave al anunciar que “ponía a disposición” sus equipos técnicos y económicos por 90 días para ayudar en la implementación de los DNU.

Los límites del consenso de clase

La agenda “consensualista” de Macri y el llamado al diálogo nacional a ex candidatos y gobernadores nacen de su debilidad política de origen, pero también de la necesidad de implementar una serie de medidas antipopulares. Precisamente porque el “clivaje” que determinó el resultado electoral de noviembre –apelando a jerga de los politólogos- fue la división “ajuste-no ajuste”.

Scioli descontó distancia denunciando el ajuste que preparaba su rival. Esa denuncia desapareció este viernes temprano. Aquí tampoco “fue magia”. Macri, por su parte, triunfó a costa de desdibujar su propio programa económico. De conjunto, ambos orquestaron una gran campaña de ocultamiento de sus verdaderos objetivos, acordes a las necesidades del gran capital. Precisamente por eso, el “consenso por arriba” -que solo rompió Nicolás del Caño este viernes- no representa un consenso social y político “por abajo” para avanzar, sin trabas, en medidas de ajuste. Todo ataque abierto a las condiciones de vida de las masas está destinado a despertar resistencias.

Es preciso añadir que la apelación al uso de DNU posiblemente acentúe la contradicción entre las aspiraciones de amplias capas de la población, que votaron contra los mecanismos del “bonapartismo” político kirchnerista, solo para encontrarse ahora con su versión en color amarillo.

Más temprano que tarde comenzará a quedar en evidencia para millones de personas, que el verdadero papel de la farsa del “diálogo nacional” tuvo por finalidad barnizar la política de ajuste por decreto.

La resistencia estará entonces en las calles, los lugares de trabajo y de estudio. Allí el Frente de izquierda, una fuerza que cuenta con representación política en el Congreso pero también arraigo en sectores de vanguardia obrera y juvenil, será parte activa de la lucha. Mientras tanto, los “comensales” de Macri estarán del otro lado.

La izquierda Diario

Eduardo Castilla

REGIMEN DE "UNIDAD" ANTI CONSTITUCIONAL, ANTI DEMOCRATICO Y ANTI NACIONAL

La nueva ‘Administración’ debuta con manifiestas violaciones a los principios de la democracia política e incluso a la Constitución de la República. Sencillamente, Mauricio Macri ha anunciado que no convocará a sesiones extraordinarias del Congreso, lo cual significa que ‘gestionará’ durante más de cien días por medio de decretos de necesidad y urgencia, que no podrán ser supervisados por el parlamento hasta mediados de marzo próximo. Ha comenzado por reformar la ley de ministerios por medio de un Dnu. Recoge, de este modo, el método autoritario del gobierno que lo ha precedido. Se trata, ni más ni menos, que del recurso al hecho consumado con relación a medidas de gobierno de carácter social explosivo. En este marco alardea de un ‘diálogo’ con los ex candidatos a la Presidencia de la Nación, que equivale a un encubrimiento.

    Como lo informa la prensa diaria con frecuencia excepcional, en este período sin deliberación legislativa, la nueva ‘Administración’ se propone contraer nueva deuda externa, en una escala fenomenal, que es una atribución constitucional reservada al Congreso. Lo mismo ocurrirá con la modificación de las retenciones a las exportaciones, que en su calidad de medidas impositivas está vedada al Poder Ejecutivo. Nada de esto se encuentra contemplado en el Presupuesto de Gastos y Recursos para el año entrante. Argentina asiste, en este fin de año, a una tempranísima exhibición de doble discurso. El conjunto de las fuerzas políticas, incluido el ex oficialismo y toda la cúpula sindical, con excepción del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, asiste cómplice a la ejecución de este gigantesco programa de transferencia de patrimonios e ingresos. Asistimos de entrada a la inauguración de un régimen de ‘unidad’ anti-nacional, anti-democrático y anti-constitucional.

    Advertimos a la ciudadanía y al movimiento obrero acerca de este debut claramente dirigido a perjudicar al conjunto de los trabajadores.

ALTAMIRA, JORGE.

PRENSA OBRERA

No vamos a legitimar al Gobierno que se apresta a ajustar por decreto a los trabajadores

"la verdad es que una reunión de estas características es un sinsentido porque tenemos una política opuesta por el vértice. Este es un gobierno proempresario de derecha. El gabinete de los CEO es una muestra de la orientación social de este Gobierno. Por ejemplo, nosotros planteamos la nacionalización integral de los hidrocarburos. A nadie se le podría ocurrir plantearle a (Juan José) Aranguren, que responde a la Shell, la nacionalización integral de los hidrocarburos, como es el planteo del Frente de Izquierda. O la renacionalización de las empresas de gas y energía eléctrica privatizadas para evitar los tarifazos que se vienen. Ellos, con (Alfonso) Prat Gay y (Luis) Caputo, quieren arreglar con los fondos buitre, y nosotros planteamos el no pago de la fraudulenta deuda externa. Nosotros defendemos el derecho de los trabajadores a luchar en defensa de sus derechos, mientras que el Gobierno pone a Patricia Bullrich para criminalizar la protesta.
Próximamente, el Gobierno anunciará una devaluación que profundizará los aumentos de precios de los productos de primera necesidad. Es decir, la orientación social del Gobierno de Macri es a favor de los empresarios y de que la crisis la pague el pueblo trabajador. Nosotros nos oponemos y enfrentaremos junto a los trabajadores y el pueblo esta política. Sostenemos que hay que ajustar a los ajustadores. Que quede claro: nuestra postura ante la invitación a una audiencia no es una impugnación personal, sino un posicionamiento político en defensa de los intereses del pueblo trabajador".

Al mismo tiempo que nos convoca a reunirnos anuncia que no llamará a sesiones extraordinarias del Congreso, con lo cual muestra que las medidas de ajuste anunciadas van a ser implementadas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un atributo de tipo monárquico que el actual oficialismo le criticaba al kirchnerismo, pero al que se propone recurrir ahora que llegó al Gobierno. Con esto se muestra también la falsedad del “republicanismo” que dice defender su coalición gubernamental.
Devaluación, tarifazos en luz y gas, acuerdo con los fondos buitre, nuevo endeudamiento externo: eso es lo que su Gobierno viene anunciando y va a realizar sin convocatoria siquiera al debate en el Congreso, incluso sobre resoluciones que solo pueden tomarse con su competencia, como el nuevo endeudamiento. Estas medidas significarán una brusca caída del salario real y un nuevo drenaje de recursos a favor de los especuladores financieros.
Cuando el Congreso se reúna en marzo ya estaremos viviendo las consecuencias de este ajuste. No es por un problema de principios que no concurrimos a esta reunión, sino resultado de una evaluación política. No vamos a convalidar esta maniobra para legitimar no debatir en el Congreso, donde el Frente de Izquierda cuenta con la representación dada por el voto popular.
Este no llamado a sesiones del Congreso tiene menos que ver con el hecho de no poder conformar una mayoría parlamentaria que con la posibilidad de que el debate se transforme en un escenario de fuertes movilizaciones de los trabajadores y los sectores populares.
Creemos que el anuncio de Daniel Scioli y Sergio Massa de concurrir a su llamado muestra que sus palabras “contra el ajuste” durante la campaña electoral fueron solo demagogia. Están avalando que estas medidas se impongan por decreto, cuando cuentan con numerosos diputados de sus respectivas formaciones políticas.
Si a usted tanto le importara la discusión se hubiera comprometido a no tomar ninguna medida por medio de DNU. El Frente de Izquierda tiene toda una serie de proyectos para que la crisis no la paguen los trabajadores: salario mínimo igual a la canasta familiar; actualización de salarios mensual de acuerdo a la inflación; prohibición de despidos por veinticuatro meses; terminar con todas las formas de precarización laboral; bono especial de fin de año para compensar los aumentos siderales del último mes; eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores bajo convenio; 82 % móvil a todos los jubilados, no solo para la mínima.
También hemos presentado un proyecto de emergencia contra la violencia de género y somos firmantes e impulsores del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para terminar con la muerte de trescientas mujeres al año por abortos clandestinos. Ahí están estos proyectos de urgencia en defensa de los trabajadores y de los derechos de las mujeres para ser apoyados por todo el que lo desee.
Lo cierto es que el nuevo Gobierno y el Frente de Izquierda expresamos dos visiones políticas antagónicas, que responden a intereses sociales contrapuestos. Como lo expresa con claridad su gabinete, compuesto en su casi totalidad por gerentes, exgerentes (la mayoría de empresas multinacionales) y empresarios que representan los intereses de los “dueño del país”, el poder económico. A ellos se han venido enfrentando mis compañeros en sus lugares de trabajo.
Gustavo Lopetegui, CEO de Lan, designado como secretario de la Jefatura de Gabinete, ha sido responsable de perseguir sindicalmente a los delegados de APA de esa empresa. La CEO de General Motors, Isela Constantini, designada al frente de Aerolíneas Argentinas, fue responsable de violar todo tipo de derechos sindicales en esa empresa multinacional. Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores, cuando fue CEO de Telecom a poco de la privatización de ENTEL amenazaba a los trabajadores con el despido si no aceptaban rebaja salarial. Juan José Aranguren, CEO de Shell, despidió sin causa a trabajadores por su militancia de izquierda y por reclamar derechos laborales y sindicales, en un acto tan escandaloso que estos cuentan con fallos de reinstalación en sus puestos por la Justicia laboral, en algunos casos desacatados por la empresa. En el sector agrario, ha puesto como ministro de Agricultura de la Nación a un representante de las grandes patronales agrarias, un defensor del “modelo sojero” y de propietarios que tienen al 75 % de los trabajadores del sector en la más absoluta informalidad.
Y en la provincia de Buenos Aires directamente a un gerente de Monsanto, empresa que está acusada por crímenes contra la población por la utilización de agrotóxicos.
Su gabinete económico está compuesto por exgerentes de la banca internacional, como Alfonso Prat Gay, que lo fue del JP Morgan, o Luis Caputo del Deutsche Bank. Banca que en estos años ha tenido tasas de rentabilidad solo similares a las que se obtienen en paraísos fiscales y que ha sido responsable de la fuga ilegal de capitales, como se mostró en el caso del HSBC.
Al frente de la Agencia Federal de Inteligencia ha designado a un hombre que dicen que es “de la mayor confianza” presidencial, pero se dedica nada más y nada menos que a la compra-venta de jugadores de fútbol en el mercado internacional, una de las actividades más caracterizadas por el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros “negocios” por el estilo. Y como segunda a quien fue fiadora de Carlos Menem en la causa por tenencia de cuentas ilegales en Suiza…
Por ello lo que eufemísticamente usted llama un gabinete de “técnicos” es en realidad un gabinete de guerra del capital contra el trabajo, al servicio de una política para que la crisis la paguen los trabajadores vía devaluación, tarifazos, quita de retenciones a las patronales agrarias, pago a los fondos buitre y nuevo ciclo de endeudamiento externo. Una política que vienen exigiendo las patronales y que también se aprestaba a implementar Daniel Scioli, como dijimos en la campaña electoral.
Usted dice que no va a tolerar la corrupción. Pero nada dice de los actos corruptos que más han costado al pueblo argentino en su conjunto. Me estoy refiriendo a las maniobras ilegales por las cuales se estatizaron de la mano de Domingo Cavallo las deudas privadas de los grupos económicos, entre ellos el grupo perteneciente a su padre, por una cifra para el conjunto de los grupos de veintitrés mil millones de dólares. Esas maniobras, que provocaron una hipoteca sobre la economía nacional que hoy seguimos pagando, están consignadas en el histórico fallo del juez Ballesteros respecto de la deuda externa.
Esos mismos grupos económicos orquestaron en nuestro país el genocidio durante la dictadura militar, donde en las principales empresas del país había campos de concentración donde se torturaba y desaparecía a trabajadores. Le recuerdo que el bloque del PRO fue el único que se opuso a la creación en el Congreso para conformar una Comisión Bicameral que investigue estos crímenes por parte del poder económico durante la dictadura.
Parte de ese poder económico son los grandes propietarios agrarios. Solo cuatro mil son propietarios de la mitad de las tierras que se utilizan en el país para agricultura y ganadería. Muchos de ellos (los cinco que más poseen tienen un territorio igual al de Bélgica) obtuvieron esas tierras gracias al genocidio de los pueblos originarios y hoy se llenan los bolsillos en sociedad con Monsanto y las grandes exportadoras, con el uso indiscriminado de agrotóxicos que afecta a las poblaciones rurales y el avance del “modelo sojero” sobre las tierras de los agricultores familiares, como ocurre en numerosas provincias. Obteniendo recursos que en su mayoría van a parar a la fuga de capitales (cien mil millones de dólares fugados solo bajo los Gobiernos kirchneristas de unos cuatrocientos mil millones que se estiman hay depositados en el exterior por parte de argentinos, la mayoría en paraísos fiscales), la especulación inmobiliaria y financiera o el consumo suntuario, en vez de ser utilizados para salud, educación, vivienda para los sectores populares y obra pública. Y usted los premia con 84 mil millones de pesos que dejará de recaudar el Estado en concepto de retenciones.
Al igual que lo vino haciendo el Frente para la Victoria, usted defiende la minería contaminante a cielo abierto, que ha provocado desastres como el de Barrick Gold en Jáchal. O la continuidad del sistema de privatizaciones en la luz y el gas que viene de los 90 y mantuvo el kirchnerismo, donde en lugar de nacionalizar esos recursos bajo gestión de sus trabajadores se propone aumentar las ganancias de esas empresas con tarifazos que pague el pueblo.
En el área de los hidrocarburos, nombrando como dijimos al máximo gerente de Shell, es evidente que su política no pasa por nacionalizar el conjunto del gas y el petróleo para lograr el autoabastecimiento y que lo obtenido por la explotación de estos recursos no renovables vaya a satisfacer las necesidades populares en vez de las ganancias de las multinacionales. Empresas que en su conjunto durante los doce años de Gobiernos kirchneristas giraron en concepto de ganancias y utilidades al exterior nada más y nada menos que cuarenta mil millones de dólares.
La realidad es que, a pesar de su discurso, la izquierda y la derecha seguimos existiendo. El Frente de Izquierda expresa los intereses de los trabajadores y el conjunto de los oprimidos y lucha por sus demandas en el Congreso, pero sobre todo con el impulso a la movilización, que es la única forma de imponerlas.
Su Gobierno, los de las grandes patronales, “las dueñas del país”, aunque oculta su identidad presentándose como un Gobierno de técnicos y gestores. A diferencia nuestra, no quiere llamar a las cosas por su nombre.

EL RASGUÑO QUE OCULTA LA HERIDA PROFUNDA

El episodio del traspaso de mando entre Cristina y Macri ha sido juzgado como una minucia o un juego de veleidades. Pero si una cuestión menor termina involucrando a todos los poderes del Estado, entonces el rasguño es sólo la forma visible de una herida profunda -en este caso, de una crisis de poder.

Los voceros del presidente electo atribuyen la actitud a un “gesto de autoridad”, de cara a su futuro mandato. Pero esa muestra de poder personal por parte del gobierno que llega no es sólo una réplica al desvencijado kirchnerismo. Es una señal dirigida a las convulsiones políticas que se vienen, como consecuencia de la bancarrota que deja el kirchnerismo y de la salida brutal que el gran capital y sus partidos preparan para ella. Un economista cercano al macrismo, González Fraga, declaró días atrás a María O’Donnell que el “crédito internacional” (sic) mirará con atención “la capacidad del gobierno, por ejemplo, para controlar huelgas”. Macri ya avisó que no le hará asco a los decretazos, que podrían protagonizar las primeras semanas o meses de su gobierno. Los que se ilusionaban con el retorno al “republicanismo” tendrán que esperar una ocasión mejor.

El precio del rescate

La razón de fondo de esta crisis es que el traspaso presidencial no tendrá lugar en un marco indoloro: lo que se dirime es el destino de una bancarrota nacional. Quienes se ofrecen como rescatistas de ella sólo están dispuestos a jugar ese papel al precio de cobrarse enormes resarcimientos, los que provendrán de confiscaciones sociales. De cara a esa realidad, el bastón de mando no sólo le es esquivo a Macri en la ceremonia oficial. Es que la factura completa del rescate -devaluación, tarifazos, ajuste fiscal- parece demasiado pesada para quienes acaban de ser caracterizados como “un movimiento de opinión que se vuelve mayoritario circunstancialmente, pero su victoria no se apoya en un hecho social consolidado” (La Nación, 6/12).

En las últimas horas, el macrismo fue y vino por la eximición del aguinaldo en el impuesto al salario, al tiempo que salió a advertirle a ‘sus’ empresarios sobre las “remarcaciones excesivas” de precios. Los capitalistas, sin embargo, no saben de estas prevenciones políticas, y van por su ´pliego´. En una reunión del nuevo secretario de Agricultura -y estanciero- Buryaile con ruralistas, aquél debió recordarles que (ahora) “trabajo para Macri”. Es que los jefes del campo le acababan de plantear “altas exigencias para romper los silo bolsas” (donde se almacena la cosecha de soja) (Clarín, 9/12). El capital agrario reclama todo el paquete para liquidar sus inventarios -no sólo la anunciada eliminación de las retenciones, sino también la megadevaluación.

Igualmente pesado es el pliego de condiciones del capital internacional para concurrir a un rescate financiero. En un cónclave que el Consejo de las Américas le dedicó a la Argentina días atrás, representantes de los fondos de inversión advirtieron que, para conseguir financiamiento, el gobierno “debería encarar primero el déficit fiscal porque está en el corazón de los otros problemas”. Los usureros esperan el tarifazo y la devaluación (que licúe los salarios y la deuda pública en pesos) antes de “traer los dólares”. En el mismo foro, se dijo que la “transición puede ser más lenta de lo que espera el mercado”. Dicho al revés, el “mercado” podría terminar precipitando la transición, como ya lo está haciendo con la escalada de precios. En suma, el presidente de los “mercados” debuta con un golpe de mercado en ciernes.

Del lado del gobierno que se va, Cristina Kirchner ha redoblado la apuesta, al decidir el boicot de su bloque parlamentario a la jura de “Mauricio” en el Congreso. Pero la orden podría ser desacatada por los pejotistas, lo que pondrá de manifiesto una escisión y el retroceso político del camporismo. Después de la jura, vendrán otros choques, como los de la presidencia del ente de medios (AFSCA), la Comisión de Valores o la TV pública. Pero en el más importante de todos -la presidencia y el directorio del Banco Central- el kirchnerismo parece dispuesto a bajarse rápidamente del barco.

Crisis de poder

El culebrón del bastón y la banda, en definitiva, es la punta de una crisis de poder. Su telón de fondo es una bancarrota capitalista incompatible con el “país normal” augurado por “Cambiemos”. Los métodos de camarilla y de arbitraje proseguirán, entre ellos, los pactos con la burocracia sindical. Junto al programa de reivindicaciones obreras, denunciamos el carácter conspirativo de todo el régimen estatal que pretende pilotear el ajuste, y planteamos la elección popular de jueces y fiscales, de los directores de medios oficiales y de sus organismos de control.

Discutamos un programa para enfrentar el ajuste

El movimiento obrero atravesará de inmediato desafíos enormes. De entrada, enfrenta una combinación de carestía y recesión. Ambas cosas estarán en el núcleo del ajuste.

La canasta básica de alimentos escaló un 25% en las últimas semanas, pero también aumentaron los medicamentos un 15%. Ha empezado la remarcación capitalista preventiva de la devaluación. Se cayó la mentira electoral de que los precios ya habían “descontado” el impacto de la devaluación futura.

Si a esto le sumamos los impuestazos en ciernes -en La Matanza el aumento de tasa municipal llega al 50%- y los tarifazos, hay que caracterizar que el inicio de la gestión macrista estará signado por un traslado fenomenal de la bancarrota kirchnerista a salarios y jubilaciones, bastante antes de las paritarias. Pero Alfonso Prat Gay anunció un “acuerdo social” para el mes de enero. Por lo tanto, la escalada de precios operará en la mesa del pacto social como un colchón inflacionario previo.

Otro verso que se cae es el de la derecha “moderna”. Macri está apelando de entrada a un pacto con la “vieja” burocracia sindical. Esa burocracia llega dividida, pero unida en el entreguismo. Moyano y Venegas negocian cargos en la administración de los fondos de las obras sociales, aceptando desde el vamos el esquema menemista que permitió a Cristina quedarse con 40 mil millones de pesos de los trabajadores Macri nombró en Trabajo un apellido de prosapia burocrática (Triaca) y distintas fracciones negocian posiciones menores en Trabajo para asegurar el “modelo sindical”, o sea, perpetuar el respaldo del Estado a una casta corrupta y desprestigiada entre los trabajadores.

El propósito, no ya de Macri sino de toda la burguesía, es controlar las tendencias explosivas de los aumentazos y tarifazos mediante la recesión económica, para que las suspensiones y despidos actúen como armas de disciplinamiento social. La preocupación respecto de una reacción obrera quedó graficada en las idas y venidas con el impuesto a las ganancias y el medio aguinaldo, donde finalmente echaron lastre.

Intervenir

Ante este panorama, el clasismo tiene que intervenir a partir de dos cuestiones inmediatas: el doble aguinaldo o bono de fin de año y el respaldo a la lucha de Cresta Roja, donde se juegan 5.000 puestos de trabajo y una racionalización empresarial que podría ser modelo de ajuste.

El conflicto de Cresta Roja ha puesto en claro que el kirchnerismo acompañará el ajuste en marcha, y lo propio harán los burócratas sindicales que seguían a CFK. Es lo que evidencian Gerardo Martínez y compañía, ya pasados al bando de la unidad promacrista del movimiento obrero, al igual que las entregas de Caló a los despidos en Peugeot y las siderúrgicas. Toda pretensión de “frente opositor” con el kirchnerismo o la burocracia es criminal para el movimiento obrero. No olvidemos que toda la burocracia -incluidos especialmente los Yasky y los Caló-, acompañó la dilatada tregua electoral 2015, con el ajuste que empezaron CFK y Kicillof, y Scioli y los gobernadores.

Nuestro planteo

Es necesario clarificar sobre las consecuencias de la política que está en marcha. La salida capitalista a la quiebra que dejan los K conduce a una política antiobrera en todos los frentes.

Tenemos que elaborar un programa y plantear una vasta deliberación en todas las organizaciones sindicales, obreras y estudiantiles.

En primer lugar, que las paritarias se adelanten a enero en todos los gremios para afrontar la inflación. Establecer cláusulas de indexación y referir los mínimos a la canasta familiar, como lo hizo Aceiteros. Los paritarios deben ser electos en asamblea, y sus mandatos resueltos del mismo modo. La lucha contra la burocracia es parte integral de la lucha contra el ajuste.

Toda fábrica que cierre o despida masivamente tiene que considerar en asamblea la ocupación. Hay que plantear la prohibición de despidos y suspensiones, repartiendo las horas de trabajo disponibles.

Los contratados, precarizados y monotributistas serán los primeros y más vulnerables candidatos al ajuste, su pase a planta e integración al convenio principal tiene que ser incluida en los pliegos paritarios y las asambleas de lugares de trabajo. Especialmente en el Estado, el primer precarizador.

Que las bases deliberen y decidan. El planteo de un congreso del movimiento obrero, con mandato para enfrentar el ajuste, es una perspectiva general y de método para la etapa, en especial frente a las luchas en curso y al debate planteado entre el activismo antiburocrático. No hay ninguna posibilidad de que la crisis se resuelva sin un choque con las reivindicaciones de los trabajadores. Preparemos al movimiento obrero para enfrentar el ajuste y derrotarlo.

PRENSA OBRERA

MACRI AGRAVO EL IMPUESTO AL SALARIO

El tema ganancias produjo una primera crisis “pregubernamental”. Que exceptúan el medio aguinaldo, que no, que sí y, finalmente, exceptúan a un tercio de los trabajadores afectados.

Quienes ganan menos de 30 mil pesos brutos son 450 mil, y los que tributan alcanzan 1,3 millones. El año pasado CFK exceptuó a los que ganaban menos de 35 mil, unos 750 mil trabajadores, o sea que Macri agravó la confiscación de ganancias este fin de año.

Según una fuente macrista la medida “debe valorarse a la luz del altísimo déficit fiscal heredado”. Efectivamente, han mirado con lupa las cuentas y perdieron los trabajadores, no sólo con relación a la promesa de terminar con la confiscación de ganancias de manera urgente, sino incluso respecto del año anterior.

La burocracia sindical ha quedado de monigote. Prima el pacto social que negocian por cargos, y empezaron entregando la reivindicación que motorizó los principales paros nacionales: el odiado impuesto al salario.

Por otro lado, la inmensa mayoría no tendrá compensación alguna a la corrida de precios de la canasta alimentaria del último mes, el planteo del doble aguinaldo general es de “necesidad y urgencia” para el movimiento obrero.

El anuncio sobre ganancias incluye la promesa de ingresar un proyecto de ley para empezar a tratar en marzo. Veremos. Porque se habla sólo de subir el mínimo no imponible.

Nuestro proyecto de ley y nuestra reivindicación en las organizaciones obreras es otra. Abolición de ganancias sobre todo salario de convenio o de carrera estatal, docente o judicial. El mínimo no imponible no podría bajar de 45 mil pesos y sería de aplicación al personal directivo y gerencial.

El macrismo debutó confirmando la confiscación de ganancias contra todas las promesas electorales. Junto a la carestía y la amenaza de maniatar paritarias, mientras se suceden despidos y suspensiones, forma parte de lo que será una declaración de guerra al movimiento obrero. Impulsemos asambleas fabriles y sindicales para discutir la nueva situación.

DEVALUACION Y PACTO SOCIAL

El ajuste económico está en marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que vienen. La mitad de los trabajadores perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas, cerca de la mitad de la población. Por Julio C. Gambina

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No todo ocurre en estos días o en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.
Más allá de lo programado, el impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible es motorizador de otros incrementos.
Esos aumentos inflacionarios son el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.
La gran incógnita apunta a cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.
A la par de la suba de precios, los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.
Por eso se solicita en estos días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.

Inversiones y ganancias

Lo que está ocurriendo es una recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Es el piso sobre el que se piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras sociales.
Es un dato de la realidad que las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno, principalmente el nivel de la devaluación monetaria.
La lógica empresaria reconoce la necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.
Si la lógica de política económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.
La ecuación macroeconómica se concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior. El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también promovía el gobierno saliente.
No hay mejor estímulo para el inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la rentabilidad y su volumen está la magnitud explotación de la fuerza de trabajo.

Visita de la OIT

Por eso se buscan condiciones para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial Argentina, UIA.
Es que el objetivo de la UIA, a días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresaria por restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.
Claro que estamos en Argentina, con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no siempre consideran análisis políticos o académicos.
La conflictividad es un dato de la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento externo de la Argentina.
El gobierno Macri no duda en lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el pueblo argentino.
La gran incógnita es si el gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.

EL VERANO

SIMBOLOS MONARQUICOS Y COLONIALES

«(...) pues el común de los hombres tiene en los ojos la principal guía de su razón, y no comprenderían la igualdad, que les anunciamos, mientras nos viesen rodeados de la misma pompa y aparato con que los antiguos déspotas esclavizaron a sus súbditos. 
(Decreto sobre supresión de honores al Presidente de la Junta y otros funcionarios públicos. 6 de diciembre de 1810) »

GUARDENSE EL BASTON....A LOS TRABAJADORES LO QUE NOS CORRESPONDE

Los días previos al traspaso presidencial han quedado dominados por un 

culebrón entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en torno de si los atributos de mando serán entregados en el Congreso o en la Rosada 

Pero la transición política encierra cuestiones mucho más graves que un bastón y una banda: lo que está en juego es el desenlace de una bancarrota nacional.

La seguridad del gabinete "técnico" del macrismo comienza a trastabillar al compás de la crisis. La decisión de levantar el cepo está condicionada a que aparezcan los dólares necesarios para ello. Pero no hay claridad respecto de dónde saldrán. Los futuros funcionarios especulan con el préstamo de un Brasil en estado de insolvencia (una tentativa similar ensayada por Scioli provocó "profundo malestar" en el gobierno de ese país). Los préstamos de organismos multilaterales aparecen asociados a planes de infraestructura que no están anunciados, y demandarían un tiempo mayor al de las urgencias planteadas por la crisis. Otro capítulo es el de la liquidación de divisas del campo, que también aparece enrevesado. El presidente de una de las principales multinacionales de agroquímicos anticipó que "los productores no van a vender sus granos con un dólar de menos de 15 pesos" (Clarín, 6/12). El hombre reclama una devaluación del 50%, sumada a la rebaja ya anunciada de los impuestos a la exportación. Pero incluso en esas condiciones los monopolios exportadores y pooles de siembra podrían optar por unas ventas a cuentagotas: los pulpos temen que si se vuelcan en masa al mercado internacional, podrían terminar agravando la caída de los precios. La ‘salida exportadora', como se ve, choca con un mercado mundial en picada. Lo mismo ocurre con la pretensión de "traer dólares", en un momento en que éstos refluyen de los países emergentes.

 

En este cuadro, Prat Gay tiró el anuncio de un "acuerdo económico y social" para poner en marcha en el primer trimestre del año. La receta es tan vieja como conocida: el acuerdo legalizaría toda o la mayor parte de los aumentos producidos en estos meses, pero buscaría encorsetar a los salarios en las vísperas de las paritarias. El gobierno que no sabe cómo levantar el cepo al dólar ya se prepara, sin embargo, para colocarle un cepo a los salarios. Por lo pronto, la suba del mínimo no imponible sobre ganancias ha pasado a marzo, para cuando vuelva a sesionar el Congreso. Después de su entrevista con Macri, Moyano se limitó a culpar de estos zarpazos al gobierno que se va (y al cual, sin embargo, le otorgó una tregua de casi dos años). La burocracia ingresa a la transición presidencial convalidando el ajuste en marcha.

 

Es necesario que deliberemos, en los lugares de trabajo, sindicatos, organizaciones juveniles y populares, sobre esta situación de conjunto, y establezcamos un programa para que los trabajadores no paguemos la crisis. En lo inmediato, es urgente el reclamo de un bono especial o doble aguinaldo para fin de año, junto a un aumento de emergencia para jubilados. Por paritarias libres, por la indexación mensual de los salarios, por la anulación del impuesto al salario, la prohibición de suspensiones y despidos y el fin de la precarización laboral.

 

Del zarpazo al acuerdo social

Lo único cierto y verdadero de la transición presidencial ocurre fuera de las reuniones de futuros ministros es la estampida brutal de los precios, que tiene lugar en las barbas de los todavía funcionarios del gobierno "nacional y popular". En sólo un mes, los principales cortes de carne crecieron entre un 40 y un 45%, el pan común aumentó un 50% y el pollo más del 30%. En este punto, los que se quieren ir "en el Congreso" coinciden con los que quieren "asumir en la Rosada": los aumentos estarían descontando la devaluación que se viene. Con ello, justifican a los agiotistas. Pero principalmente, ocultan a los nuevos aumentos que vendrán, cuando los exportadores de alimentos consigan colocar su producción con un dólar de 14 ó 15 pesos, y casi sin impuestos a la exportación. En otro flanco del nuevo gabinete, los ministros de Energía y de Transporte diseñan las nuevas tarifas "normalizadas", para que los subsidios a los monopolios energéticos o de autotransporte sean reemplazados con una exacción a trabajadores y consumidores. La palabra "rodrigazo" ha aparecido, después de mucho tiempo, entre los comentaristas políticos, pero con connotación de pánico. Ello, porque "no están dadas las condiciones políticas para hacer un shock", comentó a La Nación (6/12) un opinólogo de derecha.

PRENSA OBRERA

LOS TRABAJADORES TIENEN QUE PREPARARSE PARA RESISTIR

A días de su asunción Mauricio Macri ya confirmó a los flamantes miembros de su gabinete económico, comandado por Alfonso Prat Gay, quien ya comenzó las negociaciones con Washington en una misión desesperada por conseguir dólares.

El claro perfil pro empresarial del gabinete, con mayoría de ex CEO’s de multinacionales, presenta serios interrogantes sobre el rol que jugarán al mando de ministerios públicos, sobre la preferencia de las políticas de “shock” para recuperar las ganancias empresarias y sobre cómo afrontarán las contradicciones estructurales de la economía argentina.

Sobre este escenario, sus consecuencias, quiénes ganan y quiénes pierden, La Izquierda Diario conversó con Alejandro Bercovich, el periodista y economista de reconocida presencia en medios gráficos, radiales y televisivos.

 ¿Para vos qué expresa el gabinete económico que definió Macri?

 Para mí el gabinete de Macri representa, ante todo y objetivamente, el mayor desembarco de gerentes de grandes empresas en los principales resortes del Estado de toda la historia argentina. Que eso se termine de revelar como un avance de los intereses esas empresas y de las grandes multinacionales se va a ver en la medida que avancen las primeras medidas de gobierno. Pero ya la configuración del gabinete habla de trasladar la lógica del capital a la gestión pública directamente, y ya sin el intermediario habitual de la política tradicional, que suele presentarse justamente como eso, como alguien que es útil al capital pero que a la vez gestiona en nombre del bien común.

 ¿Qué opinas sobre las medidas que anunció el futuro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile de eliminación de las retenciones a las economías regionales, al trigo y maíz y el recorte gradual de 5% a la soja?

 Para mí expresa, por un lado, un primer paso a la liberalización total y el fin de la intervención del gobierno para intentar salvaguardar rentabilidad de algunos sectores en detrimento de otros. Y por otro lado implica la victoria final de la burguesía rural, los terratenientes y de los intereses más concentrados del campo, de la batalla que se abrió por la renta extraordinaria en el conflicto por las retenciones en 2008.

Eso de alguna forma quedó en una especie de stand by o de empate mientras duró el súperciclo de los commodities, pero ahora que afloja ese súperciclo el campo hace valer lo que en aquel momento fue una victoria política frente al kirchnerismo y, para mí, frente a todos los que queremos que haya una redistribución del ingreso y de la renta generada por el sector más productivo de la economía argentina.

 En un artículo reciente decís que “a Scioli le esperaba un destino incierto, parecido al de Dilma Rousseff, o la quimera de volver a crecer de la mano de una sintonía fina que debió haberse hecho en 2012.” ¿A qué te referís específicamente?

 La comparación entre Scioli y Dilma Rousseff es porque me parece que Scioli había sumado promesas de no ajuste y promesas de mejoras, respecto de lo que había prometido inicialmente en su campaña. Y la realidad le iba a terminar imponiendo llevar adelante un ajuste fiscal como el que no dudó en llevar adelante en Provincia en sus ocho años de gestión. Y como el que tampoco dudó en llevar adelante Dilma en Brasil, aunque había prometido todo lo contrario. Esa situación llevó a Dilma al actual 6 % de popularidad y la debacle total de su gobierno. Me parece que ese era el destino que le esperaba a Scioli, más temprano que tarde, durante un 2016 que será un año más complicado por la situación internacional y por cómo se movieron los factores de poder en la Argentina en los últimos dos años.

Cuando digo lo que la otra alternativa era una “quimera”, digo que era justamente inalcanzable, era intentar hacer la sintonía fina que el gobierno debió haber hecho en 2012, cuando optó por patear para adelante los problemas que se empezaban a insinuar desde el sector externo. Y cuando además descubrió el factor inversión que es algo que cualquier economía capitalista necesita, incluso aunque haga como el kirchnerismo que intentó sustituir las inversiones privadas con un fuerte impulso a la inversión pública. Especialmente a manos de YPF, el Plan Procrear y en las empresas donde intervino en el directorio, para forzar decisiones de inversión con los directores que había heredado con las AFJP.

Eso es una quimera porque se tendría que haber hecho en 2012, si hubiera habido voluntad política, y un debate más en profundidad sobre cambiar la estructura productiva del país, cosa que el kirchnerismo no hizo.

 Teniendo en cuenta el resultado ajustado del balotaje, ¿creés que el equipo económico macrista implementará medidas más "gradualistas" de lo que se imaginaba o de lo que anunciaba el kirchnerismo?

 En principio creo que el resultado ajustado no está influyendo mucho en los planes del equipo económico, que tienen un sesgo hacia el shock respecto de la gradualidad. Me parece que sí va a influir ese resultado ajustado en la resistencia que van a generar estas primeras medidas y, sobre todo, un primer semestre del gobierno que yo veo va a incluir un ajuste muy cruento. Por lo menos si se mantiene lo que vienen deslizando hasta ahora como atisbos de las primeras medidas.

Creo que la resistencia va a ser muy tenaz, en función de que el desempleo es bajo y no existe el cuco del desempleo, que sabemos los que leímos a Marx que funciona como un ejército de reserva que presiona a la baja al salario real.

Por eso, creo también que para ajustar al salario, como ya dijeron casi inequívocamente que vienen a hacer; necesitan despidos, mayor desocupación, y ahí veo los primeros conflictos.

 ¿Cómo pensás que será la devaluación?

 Es imposible saber cómo va a ser la devaluación porque justamente ni ellos saben cuántos dólares van a conseguir, ni dónde pueden frenar el dólar. Lo que me parece fue irresponsable anunciarla un mes y medio antes y para peor decir que no va a influir en el costo de vida, cosa que todos sabemos es mentira.

 Con respecto al sector empresario y el nuevo gobierno, ¿pensás que van a presionar por la devaluación inmediata o van a darle tiempo para que se asiente?

 La clase capitalista, por una cuestión de estética, cultural, de entorno, de clase social, está feliz con el triunfo de Cambiemos. Todos lo votaron y están muy contentos, en general, los que mueven los resortes de la economía. En la Unión Industrial pasa algo raro, ya que más de la mitad votó a Scioli por las ganancias que les generó, específicamente las industrias del mercado interno, la protección comercial que les dio el kirhnerismo. Por eso tienen miedo que el mecanismo disciplinador el macrismo encuentre para los precios sea la apertura indiscriminada como hizo Domingo Cavallo. Me parece que ahí hay un conflicto que se puede llegar a abrir entre sectores, porque además Macri ha tenido muchas veces posiciones muy “antiindustriales” a pesar de que ahora se vende como desarrollista.

 El triunfo de Macri envalentonó al derechista diario La Nación con una editorial que fue ampliamente repudiada. ¿Opinás que en la misma sintonía las patronales se están preparando para atacar las condiciones de vida de los trabajadores?

 Sí, creo que efectivamente las empresas se están preparando para llevar adelante ese ajuste del salario real. Es algo transversal a todos los sectores, tanto a los que son exportadores y a los del mercado internistas. Pero de ninguna manera con la virulencia que lo hizo La Nación el primer día luego del balotaje. Me parece que eso fue un acto de torpeza, una sobreactuación. Bueno, así les fue. Recibieron un gran repudio y no creo de ninguna manera que 12.900.000 personas hayan votado contra los juicios de crímenes de lesa humanidad, ni por asomo. Me parece incluso que buena parte del elenco gobernante nuevo también está en contra de esas posiciones más “dinosaurias”.

 ¿Para qué crees que se tienen que preparar los trabajadores en esta nueva etapa?

 Creo que los trabajadores se tienen que preparar para resistir en un contexto en el cual la economía va a estar muy complicada, más allá de los diagnósticos. Con un gobierno nuevo que planea un shock de consecuencias redistributivas muy regresivas y, además, intenta fijar la responsabilidad en el gobierno que se va, soslayando el hecho de que el gobierno que se va se las arregló con muñeca política para que los años de recesión o de crecimiento leve como éstos últimos no afectaran al consumo, en la medida en que lo afectan una devaluación brusca o recortes más audaces del salario real.

EL AJUSTE Y LA TRANSICION PRESIDENCIAL

La promesa de campaña realizada por los economistas de Macri, referida a que la devaluación que pensaban aplicar no iba a generar una mayor inflación, ha sido desmentida con la velocidad de un rayo. Aún antes que el gobierno nuevo asuma y se consume la devaluación largamente prometida, asistimos a un crecimiento de los precios que duplica el promedio mensual de 2015. Si se proyectase noviembre en términos anuales, la inflación estaría por encima del 40% anual.

 

No debiera sorprender que sea en la canasta alimentaria donde los precios han crecido con mayor intensidad. El pan, la carne, la leche, entre otros, han aumentado por encima del 20% en un solo mes. La razón de fondo es que, al anuncio de la devaluación que se piensa ejecutar luego del 10 de diciembre, se le debe sumar la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz y la carne, y la reducción de la tasa que se aplica a la soja. La eliminación o reducción de las retenciones no tiene sólo un efecto fiscal, en la medida que el Estado deja de recaudar impuestos.

 

También tiene un impacto en los bolsillos de los consumidores, pues las retenciones dividen el precio interno del internacional. Este aumento de los precios del trigo y el maíz ya se está expandiendo en toda la cadena de valor.

 

Los diarios de la ‘opo’ y el macrismo acusaron al actual gobierno por las subas generalizadas de noviembre, afirmando que la Secretaría de Comercio está en huelga de brazos caídos. Señalaron, además, que piensan mantener el plan de “Precios Cuidados”, al que hasta ahora tildaron como un monumento al fracaso. ¿Piensan repatriarlo a Guillermo Moreno también? Lo cierto es que, por más intensos que hayan sido los aumentos de precios de estas semanas, estamos asistiendo recién al primer capítulo de un plan de ajuste mucho más intenso. Los funcionarios del gobierno entrante han dicho hasta el cansancio que piensan aplicar un tarifazo en los servicios de luz y gas, y también en el transporte público. Según sus propios cálculos, los aumentos en este terreno pueden alcanzar hasta el 500%.

 

Gradualismo, las pelotas

 

La suba de precios ejecutada por los capitalistas en noviembre no sólo refutó el relato mentiroso de los Prat Gay, Frigerio y compañía de que la devaluación no generaría inflación, también muestra que el debate entre ajuste “gradual” o “shock” es una disquisición teórica de nulo interés práctico. El capital pugna por descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores e incrementar su tasa de ganancia. Detrás del tipo de cambio, la tasa de interés y del nivel de precios se esconde una relación social de explotación, que el capital quiere profundizar en su propio beneficio. El gran objetivo del ajuste en marcha es reducir el precio que los capitalistas pagan por la fuerza de trabajo, forzando a que los trabajadores la vendan por debajo de su verdadero valor (que como mínimo debe ser la canasta familiar). Este objetivo es el único que une a todas las fracciones capitalistas que, con intereses encontrados, conviven dentro del gabinete del nuevo gobierno.

 

En estas condiciones, el anuncio de que se levantará el piso del impuesto a las Ganancias que se cobra sobre los salarios, está lejos de ser una salida. Ocurre que el beneficio que implicaría esta medida alcanzará sólo a una pequeña minoría de los trabajadores (se calcula 1,2 millón sobre casi 16 millones de trabajadores). Para la mayoría restante, que tiene salarios promedio de 6.000 ó 7.000 pesos, el golpe del crecimiento inflacionario será simplemente enorme. La fractura interna que ha sufrido la clase obrera bajo el kirchnerismo, con desniveles salariales enormes, pegará un nuevo salto. De ella se vale la burocracia sindical que a lo máximo que aspira es a atender, aunque muy parcialmente por cierto, al sector más elevado de los trabajadores mientras le da la espalda por completo a los que están en negro o precarizados, y que son quienes tienen los más bajos ingresos.

 

Un programa

 

Para los trabajadores se presenta el desafío de darse un programa concreto para intervenir en esta fase de la crisis. El primer punto es blindarse frente a los efectos inflacionarios inmediatos que generará la devaluación y los tarifazos. Ante ello corresponde plantear un aumento de emergencia para todos los trabajadores, que deberá ser mayor para todos ellos que no se vean alcanzados por la medida del no pago del impuesto a las Ganancias. En relación a éste último, planteamos la abolición de ganancias en los salarios de convenio. El aumento de emergencia debe incluir a los jubilados para llevar la mínima a los 8.500 pesos, ya que el próximo reajuste de sus haberes será recién en marzo. Por esta vía apuntamos a blindar a la clase obrera ante el ajuste y defender su unidad como clase.

 

Junto con esta medida de emergencia corresponde plantear la indexación salarial mensual de los salarios y de las jubilaciones. Se trata, otra vez, de una acción defensiva para preservar el actual nivel de vida del pueblo. La tercera medida para blindar a los trabajadores pasa por prohibir los despidos y suspensiones por un año, ya que como ha ocurrido en el pasado o como está ocurriendo ahora mismo en Brasil, es sabido que las devaluaciones producen una fuerte caída de la producción y con ello de los puestos de trabajo.

 

Elevamos esta propuesta a todos los sectores obreros combativos que están debatiendo la necesidad de concretar iniciativas de lucha en el próximo período.

prensa obrera