La lucha de los educadores y la unidad de los trabajadores

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info) extracto

1. Cuando la huelga docente de la provincia de Buenos Aires –la que concentra más profesionales de la educación y tres millones de educandos de los 7 millones que atiende la enseñanza pública de Argentina- junto a otras importantes unidades federales marchan hacia su segunda semana de negociaciones colectivas o paritarias, quiero decir más claro todavía.
El 2013 terminó con un ‘consensuado políticamente’ 30% de inflación reconocido por el gobierno, su oposición política sistémica y diversas consultoras privadas. Esto es: ya a fines de diciembre de 2013 los salarios carecían de, por lo menos, un 30% de poder adquisitivo que el 2012.

La negociación en curso es para el 2014. Según el desacreditado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -en una vuelta de tuerca discursiva que busca crédito nacional e internacional (se manifestó incluso que el instrumento usado había sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI))- afirmó que, a través de una metodología ‘nueva’, enero arrojó una inflación de un 3,7%. El reciente 17 de marzo, el gobierno reveló que febrero habría tenido un 3,4% de inflación. Es decir que de acuerdo a números políticos tendientes a ocultar el verdadero y misterioso Índice de Precios al Consumidor (IPC), oficialmente entre enero y febrero la inflación sumó un 7,2%. Anualizada, la inflación de 2014 llegaría a un 43,2%.

Si ingenuamente sólo se consideran los números de la administración del Estado (en la realidad, palpablemente no verdaderos), para que los docentes cuenten nada más que con una actualización de su poder de compra, el incremento salarial debería ser de un 73,2% (independientemente de con qué modalidad en cuotas perciban los ‘incrementos’ durante el presente año).

La oferta del empleador estatal se reduce a un 30,9%. En buen castellano, lo ofrecido constituye una feroz y grosera reducción a la remuneración de los educadores.

Respecto de ese 30,9%, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, precisó que ese porcentaje "solamente alcanza a los maestros de grado que recién se inician (…mientras que…) el aumento para el resto es de entre un 21 y 23%".

El pre candidato presidencial oficialista –entre varios- y gobernador del Gran Buenos Aires, Daniel Scioli, ante la disposición resuelta de lucha del magisterio, acudió a las amenazas de rigor. La respuesta de la dirigenta docente Petrocini no se hizo esperar: “no nos han intimidado con el tema de los descuentos (ni) con las inspecciones del Ministerio de Trabajo (…de hecho…) es su obligación fiscalizar el estado de los establecimientos entre ellos las escuelas de la provincia". A decir verdad, los profesores desean la fiscalización de los establecimientos escolares debido a las pésimas condiciones de infraestructura en que se encuentran muchos de ellos. Está en su pliego de reivindicaciones.

En este sentido, Scioli también adelantó que pretende que se abra un debate en la Legislatura provincial para declarar a la educación “un servicio esencial” y no un derecho, con el autoritario, ilegítimo y antilaboral objeto de terminar con cualquier tipo de movilización de los educadores (y todo lo que se mueva) y para que simplemente asuman mansamente sus dictados. Como súbditos embotados.

Asimismo, el gobierno nacional, luego de la llamada “conciliación obligatoria” entre las partes inscrita en la ley, de no haber acuerdo, puede dictaminar las cifras que le parezcan mediante un decreto.

2. El aumento o detrimento del salario docente que resulten de las actuales negociaciones son referencia obligada para los sectores del trabajo que todavía pueden pactar sus condiciones remuneracionales y laborales. Por eso el conjunto de la sociedad debe hacer causa común con los educadores. Sobran los motivos que arquitecturan al sujeto educador formal -aquí la urgencia no es debatir sobre la filosofía de la enseñanza- como un profesional precarizado haciendo una labor socializadora multidimensional, en medio de un país donde la mitad de la población no terminó la secundaria. Aquí está en juego un hito que condensa y sienta precedentes sobre las condiciones de vida de millones de familias que supera con creces al solo gremio magisterial. Estas palabras negras sobre blanco no alcanzan para describir las consecuencias para el devenir concreto de tantos.

La Argentina del “capitalismo nacional” -como caracterizó las aspiraciones de su administración la propia Presidenta Fernández en su última cadena de medios de comunicación- es hoy la del clásico ajuste estructural antipopular.

(Vale indicar que no existen los capitalismos nacionales. Sólo existe la hegemonía mundial del modo de producción capitalista. Hace mucho tiempo que el capitalismo y su división internacional del trabajo ponen a Argentina y al conjunto de las economías empobrecidas en condiciones geopolíticas dependientes de las grandes corporaciones co-mandadas financieramente por sus Estados centrales. Ellas no tienen más patria que sus intereses, basan su acumulación en la más intensa explotación del trabajo asalariado y su apropiación privada y concentrada, el saqueo de recursos naturales y la herida irreversible del ambiente, la destrucción de los pueblos indígenas para hacerse de sus territorios, el reino del patriarcado y otras iniquidades largas de detallar y cotidianas de sufrir.)

Como el gobierno de turno en Argentina resolvió capear la crisis económica (pago de deuda externa ilegítima, déficit fiscal y de la balanza de pagos, estanflación, desinversiones, etc.) a costa del pueblo trabajador, entonces al pueblo trabajador no le queda más alternativa que la organización, la unidad, y la politización y producción teórica acelerada de sus luchas. Más allá de los partidos políticos de impronta anticapitalista que preexisten e incluso tienen una poliética representación y conducta parlamentaria, la nueva dirección compartida políticamente del movimiento real de los trabajadores y los pueblos saldrá de sus propias batallas, con militantes y sin militantes de las agrupaciones tradicionales. (Incorporo a los pueblos en plural, no sólo a los oprimidos ‘clásicos’, sino también como ejemplo, al pueblo Aymara, al Kolla, al Quechua, al Mapuche, al Wichí, al Qom, entre muchos).

La historia de la lucha nos enseña que para oponer resistencia, acumular las fuerzas necesarias para vencer e incluso para perder, hay que ofrecer combate organizado.

3. Me resulta muy duro llegar a comprender los niveles de tolerancia y normalización de la sociedad de Buenos Aires frente al empeoramiento lastimoso de la vida y las puestas en escena cada vez más pobres de la clase política argentina. Quiero entender que la crisis de 2001-2002 funciona todavía como trauma social al que nadie quiere retornar y, por tanto, desde la política de los de abajo se sufre una suerte de anestesia hábilmente fortalecida por el mensaje amplificado por todos los medios desde el poder. A pesar de que, contradictoriamente, en todos los lugares públicos no se habla de otra cosa. ¿Será el miedo que no deja caminar?