La muerte del
fiscal que acusó a la Presidenta, otorgó la verosimilitud necesaria a una
denuncia flojísima de papeles. Se dice que los muertos siempre tienen la razón.
Se invierte la carga de la prueba, y el Gobierno debe demostrar su inocencia en
un crimen que no está demostrado que haya cometido. Stiusso, el “Garganta Profunda”
que pasa factura por los “servicios” prestados.
“Cuiden a Cristina”
Ricardo Roa,
editorialista de Clarín, afirma hoy que “El Gobierno, mientras
tanto, sigue ciego, encerrado en su discurso, victimizándose. La incógnita,
aún, es si la dirigencia opositora se pondrá a la altura de su
responsabilidad.”
Las apelaciones a la unidad de la oposición –y los lamentos por la ausencia de la misma- han sido una constante en la semana que transcurrió.
Las apelaciones a la unidad de la oposición –y los lamentos por la ausencia de la misma- han sido una constante en la semana que transcurrió.
La Nación y Clarín juegan sus fichas a debilitar al
gobierno pero el límite que tiene esta operación política es la ausencia de una
variable de salida electoral suficientemente ordenada, lo que constituye un
serio riesgo político. De ahí la “unidad”
del PJ en defensa de la figura presidencial hace dos días.
Hoy, más que nunca, el apotegma bergogliano de “Cuiden a
Cristina” parece necesario para el régimen político en su conjunto y así evitar
que la crisis fuerce un cierre anticipado del ciclo kirchnerista.
La “ventaja” del gobierno radica en
la fragmentación de la oposición que además está salpicada y hasta enchastrada.
Desde los ex
Aliancistas con los sobornos de Santibañez, los macristas del “Fino” Palacios,
hasta el ex jefe de Gabinete y ahora opositor +A tiene como jefe de campaña a
Juan José Álvarez, que entró a la SIDE en 1981. Pero también en haber logrado
sortear posibles escenarios de crisis económica aguda. Esto lo tiene que
reconocer otro de los
editorialistas de Clarín al mismo tiempo que anuncia un mayor control sobre la economía por parte
del gobierno. Esto último suena a la misma cantinela de siempre.
Relato y
contra-relato: el “acuerdo patriótico” de la impunidad
El
periodista Santiago O´Donnell relata en su blog que “la
fiscalía especial para investigar el atentado a la AMIA fue creada en el 2005
por el entonces presidente Néstor Kirchner y dotada de significativos recursos
humanos y económicos para relanzar una investigación moribunda que diez años
más tarde seguía sin condenas y con el juez y los fiscales que habían llevado
adelante del caso procesados por encubrimiento.
Desde entonces y hasta hace muy poco
tiempo, la investigación de Nisman había estado bajo el amparo de una política
de Estado que incluía al gobierno argentino, al juez, a los principales diarios
y noticieros del país (tanto k como anti k), a los principales políticos del gobierno
y de la oposición y a los dirigentes de las principales organizaciones de la
comunidad judía. Entre todos ellos regía un acuerdo patriótico de no cuestionar
la causa ni plantear objeciones al trabajo del fiscal”.
Ese “acuerdo
patriótico” se rompió a la luz de las tensiones que creó tanto la disputa
política electoral, como los desplazamientos en los aparatos de inteligencia
estatales recientes. Lo que ha sido llamado “guerra de servicios” viene a romper el statu quo sobre una causa que
aparecía paralizada desde hace años. Los alineamientos políticos y
periodísticos se acomodan de acuerdo a los enfrentamientos actuales.
El mismo O’Donnell señala que “cuando Verbistsky empezó a atacar Nisman y Stiusso en sintonía con la nueva línea editorial del gobierno, Lanata, que siempre los había atacado, empezó a defenderlos en sintonía con la línea editorial de Clarín, su nuevo empleador”.
El mismo O’Donnell señala que “cuando Verbistsky empezó a atacar Nisman y Stiusso en sintonía con la nueva línea editorial del gobierno, Lanata, que siempre los había atacado, empezó a defenderlos en sintonía con la línea editorial de Clarín, su nuevo empleador”.
Así relato y
contra-relato se cruzan y cambian de lugar a la luz de esta enorme crisis
política. Como se dijo en esta columna la semana pasada, horas antes de que
trascendiera la muerte Nisman, el conjunto del régimen político actuó
encubriendo las responsabilidades en el atentando de la AMIA.
Podredumbre
y silencio
los vínculos entre el poder
político y sectores del espionaje muestran otro de los puntales sobre los que
se sostienen los gobiernos de turno.
Esto sale a
relucir hoy en notas de distintos columnistas.
El
periodista Diego Martínez en Página/12 cita a Paula Litvachky
(CELS) cuando advierte sobre “una colonización de la Justicia Federal”, que
incluye designaciones de jueces y fiscales, subordinación a la SI (SECRETARIA
DE INTELIGENCIA) en investigaciones y participación directa en delitos, como el
pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín en la causa AMIA o la gestión de
sobornos para mejorar la situación procesal del sindicalista José Pedraza en la
causa por el asesinato de Mariano Ferreyra”.
Julio Blanck
afirma que la única causa contra Stiuso “fue abierta
en octubre de 2012 por el secuestro de Enrique Alfonso Severo, un testigo del
asesinato del militante trotskista Mariano Ferreyra (…) A Severo, un personaje
resbaladizo, lo levantaron en Avellaneda y dijo haber estado las 20 horas que
duró su secuestro dentro de una camioneta. Cuando reapareció sostuvo que su
peripecia había sido “un mensaje para la Presidenta” y la vinculó a “poderes
que están al lado del Gobierno”. El fiscal Campagnoli acusó a los espías y
pidió la indagatoria de Stiuso”. Aunque esa investigación duerma el sueño de
los justos, pone en evidencia el poder de los servicios de inteligencia en esta
década que pasó.
Esa
impunidad del aparato de inteligencia fue continuada. Eso es lo que impone un
silencio sobre este tema al oficialismo, salvo excepciones que, sin embargo,
solo pueden admitir la ausencia estrepitosa de cualquier tipo de iniciativa
contra estos aparatos.
Ahí está el
punto débil, el talón de Aquiles del discurso oficial en un sentido más
largoplacista.
Horacio
Verbitsky no cesa de decir que la reforma a los servicios de inteligencia
prometida en el 2005 nunca fue realizada. La tardía “reforma” a cargo de
Parrilli está digitada por las necesidades de la coyuntura electoral del 2015.
Irreformables
Resulta ridículo
pensar en una reforma que liquide el carácter mafioso de estos organismos. Aunque tal vez algún trasnochado
sueñe con la elección popular de los espías.
El Estado capitalista
tiene como función garantizar la continuidad del poder de su clase social. De
ahí sus grupos de espionaje contra las organizaciones populares, las luchas
sociales y de la clase trabajadora.
El Proyecto X y la
infiltración del ex coronel Galeano en una manifestación de los trabajadores de
Lear, el montaje de una causa falsa
contra los trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras, la
infiltración del agente Balbuena en la Agencia Walsh son apenas algunos datos
que ilustran la labor de un aparato que cumple funciones de orden y control social.
Esta, y no otra, es la
función de todos los aparatos de inteligencia estatal a los que se
destina $1.927 millones de pesos. Parece bastante para un país que no tiene ni una
sola hipótesis de guerra, ¿no?.
Lo cierto, es que el
los capitalistas y sus gobiernos, mantienen una guerra permanente contra los
trabajadores y el pueblo, al servicio los intereses de EE.UU, la CIA, la Mossad
y otros amigos.
En el entre tanto,
proliferan los negocios de un aparato con cuotas de poder propio a sabiendas
que los gobiernos pasan y los Stiusso quedan.
De forma insospechada, reaparecen síntomas de la ¿vieja? crisis del régimen capitalista que estalló con protagonismo de masas allá por 2001.
De forma insospechada, reaparecen síntomas de la ¿vieja? crisis del régimen capitalista que estalló con protagonismo de masas allá por 2001.
Mostrar el
verdadero carácter de todas las instituciones del Estado capitalista, las
destinadas al engaño y las destinadas a la represión, es una tarea estratégica.
Impulsar la movilización independiente para imponer la disolución de estos
aparatos de espías es una necesidad para los trabajadores y el pueblo.
Fragmentos
del artículo”Nismangate”
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