Hombre en llamas

Hombre en llamas
Hombre en llamas. Orozco, J.C. Algunos críticos interpretan el mural como una glorificación de los cuatro elementos, otros ven en cada una de las figuras una simbología inherente al hombre mismo: el hombre teológico (que simboliza la tierra), el cual despierta en el mundo y convierte en dioses los fenómenos naturales que no comprende; el hombre metafísico (que simboliza el viento), el cual empieza a tener conciencia, reflexionando sobre la realidad del mundo; el hombre científico (que simboliza el agua), el cual analiza los fenómenos, los objetos, penetrando con su razón en sus esencias. Finalmente el hombre de fuego que debería simbolizar a Prometeo, el que rebelándose a los dioses entregó a los hombres la chispa del fuego, la cual representa al mismo tiempo la razón y la libertad. Así el hombre, ya libre, crea las artes en su constante lucha de superación; el hombre hecho fuego de pasiones, de anhelos de conquistas, pero sobre todo dueño de su vida, de su destino y de sus decisiones.

sábado, 29 de marzo de 2014

A quién le saca y a quién le da el estado???

A pesar de las recientes modificaciones en ganancias, que morigeraron uno de los aspectos donde más se acentuó la regresividad del sistema impositivo en tiempos recientes, el análisis de las fuentes de ingresos y destinos del gasto público nos muestra un Estado que recauda mayormente de los trabajadores y el consumo popular, y gasta en beneficio de empresarios y especuladores.
Con el reciente decreto que modificó el mínimo no imponible (MNI) del impuesto a las Ganancias, eximiendo los salarios en bruto de hasta $15.000 ($12.450 de bolsillo) a partir de septiembre y elevando 20% el MNI para los que cobran menos de $25.000 de bruto (30% si residen en la Patagonia), el gobierno reforma uno de los aspectos que más acentuó la regresividad del sistema impositivo argentino durante la última década. Aunque la parte del impuesto a las ganancias de personas físicas es menor que el gravamen a sociedades, aumentó en los últimos años, y no precisamente porque se grave más a los que más ganan. Con los aumentos de salarios registrados durante estos años para los trabajadores registrados, que, como es obvio para todo el mundo menos para los defensores de las artimañas del IndeK, no hicieron mucho más que recomponer el poder adquisitivo erosionado por el proceso inflacionario, y el ajuste más lento en los valores del MNI para el impuesto a las Ganancias de cuarta categoría (es decir, las de las remuneraciones), cada vez más trabajadores han debido pagar el impuesto. El MNI se mantuvo inmóvil entre mediados de 2003 y 2006. Ese año subió 50%. Luego hubo aumentos del 20% en 2007, 2008, 2010, 2011 y a comienzos de 2013.
En 2012, el 20% de los asalariados pagaron impuesto a las ganancias, cuando en 2001 era el 9,7%. Es el gravamen sobre estos sectores lo que explica que el impuesto a las ganancias haya pasado de representar el 15,2% de lo recaudado en 1998 a los niveles actuales de 18%. Con los nuevos anuncios que casi duplican el MNI, la situación se retrotrae momentáneamente a la de 2007, cuando el nivel de asalariados alcanzados por el impuesto superaba ligeramente el 10%. Decimos momentáneamente porque no hay pauta de ajuste automático. La presión por la recomposición de los salarios ante una inflación que no ceja, hará crecer nuevamente el universo de los que superan el mínimo.
Otra reforma de Ganancias grava la distribución de dividendos, elimina exenciones a los no residentes e impone el tributo a la compra venta de títulos y acciones que no cotizan en Bolsa. Y simultáneamente se elevaron los topes para recibir las asignaciones familiares. En las últimas semanas se sumaron los ajustes de las categorías de monotributistas.
Con su retroceso, el gobierno concede en un punto que había creado profundo malestar en millones de asalariados. Sin embargo, aunque esto revierte un aspecto que había acentuado la regresividad del sistema impositivo, esto no puede confundirse con un avance en su progresividad. Veámoslo.

De dónde salen los recursos del Estado nacional
Los impuestos se apropian de una parte del ingreso generado anualmente, o gravan los stocks de riqueza acumulada por los sectores que tienen capacidad para hacerlo. En el primer caso, para los marxistas la fuente última es una parte de la masa de excedente (la llamada plusvalía) generado por la producción social. Sin embargo, de esto no puede deducirse que no importa su mayor o menor progresividad. Al contrario, la mayor o menor disposición de gravar sin mediaciones a los sectores más ricos o apoyarse a la inversa en recaudar sobre estratos medios y asalariados da cuenta de ciertos cambios en las relaciones entre las clases.
La recaudación del Estado nacional, tomando el año 2012, se descompone de la siguiente manera:
• Ganancias: 18% de lo recaudado
• IVA: 29%
• Comercio Exterior: 11%
• Aportes a la seguridad social: 30,9%
• Transacciones bancarias: 6,2%
• Bienes personales: 1%
• Resto de los impuestos: 3,9%
Es notoria la baja ponderación que los gravámenes directos al capital. Aparte del impuesto a las ganancias (del cual una parte en realidad no son “ganancias”, por lo que señalamos al comienzo), puede decirse esto de la parte de los impuestos al comercio exterior referida a los derechos de exportación (8,8% de la recaudación) ya que su origen es una parte del excedente generado en la producción agraria, de combustibles crudos y minerales no procesados, que constituyen la mayoría de los productos alcanzados por estos impuestos; y el impuesto a los bienes personales que grava la propiedad individual de los estratos de mayores ingresos. En este último caso salta a la vista su poco peso en la recaudación. No resulta sorprendente, ya que las alícuotas oscilan entre 0,75% y 1,25%. Estos impuestos suman solo 27,8% del total de la recaudación. Excluyendo las cargas sociales, el impuesto de mayor peso es el IVA. Este es afrontado por los consumidores finales, ya que en cada instancia intermedia de la producción los agentes declaran como crédito ante el fisco la parte del impuesto que afrontaron en sus compras de insumos. Se trata de un impuesto regresivo porque grava proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, de los cuáles una mayor parte de su ingreso está destinado al consumo.
Por último, el mayor capítulo dentro de los impuestos lo componen los aportes a la seguridad social. Es común en el pensamiento “progre” destacar el carácter “solidario” de un sistema de reparto y homologar esto con progresividad, ensalzándolo frente a los sistemas de seguro de retiro basados en la capitalización individual de fondos. Sin duda, los sistemas de capitalización son una fuente que engrosa los fondos con los que lucran las instituciones financieras, que en numerosas ocasiones los dilapidaron en apuestas riesgosas. La liquidación de sistemas de este tipo, como fue el de las AFJP en la Argentina, es un necesario desguace de la “patria financiera”. Sin embargo, la “solidaridad” forzada por el Estado que caracteriza al sistema de reparto, apoyada en una deducción sobre el salario bruto que hoy alcanza el 17%, dudosamente podría conformar un sistema progresivo. Aún haciendo abstracción de los usos de esta caja por parte del Estado (que hoy financia ampliamente los gastos corrientes del Estado a cambio de títulos de deuda pública, y también prestan a tasa subsidiada a empresarios) la tónica la impone ya el hecho de que la principal fuente de fondos para la seguridad social proviene de esta deducción al salario. Los aportes patronales vienen reduciéndose marcadamente desde comienzos de los años ‘90. En 1991 eran de 33%, y para el año 2000 habían caído a 17,7%, casi la mitad. Aunque después de la devaluación de 2002 se elevaron a 23,7%, diversas normas continuaron la senda de rebajas, para empresas radicadas en zonas geográficas específicas. A esto se agrega la incorporación de “sumas no remunerativas”, que no conllevan pago de aportes y contribuciones. El resultado es que entre 2003 y 2013 las contribuciones promediaron el 13,3% de la masa total de los salarios. Aunque la elevación de los aportes patronales mitigaría la regresividiad, otro aspecto que han señalado distintos autores es que aunque en lo formal se grava a los empresarios, en los hechos esto no necesariamente significa que éstas terminen pagando enteramente estas cargas, ya que entran dentro del “arbitraje” entre patrones y asalariados. La medida en que los patrones pueden transformar la carga que le corresponde en una deducción adicional de hecho al salario, o no, depende en última instancia de lo que ocurre en el mercado de trabajo. Para Jorge Macón, que analiza el período 1950-1980, es muy probable que los empresarios hayan logrado transferir la mayor parte del costo de las contribuciones a los salarios (Las Finanzas Publicas Argentinas 1950-80, Macchi, Buenos Aires, 1985, p. 152). Es necesario que todo el sistema previsional se sostenga con impuestos directos a las ganancias y las fortunas.

Exenciones
Aunque a lo largo del Siglo XX las clases poseedoras aceptaron la necesidad de realizar mayores aportes impositivos para solventar un accionar estatal las favorece, al mismo tiempo expresaron su reticencia buscando –y logrando– numerosas exenciones.
El caso del impuesto a las ganancias ilustra toda una serie de condiciones favorables a los estratos de mayores ingresos. Aunque la llamada deducción especial es mayor en los asalariados que en los autónomos, intervienen otros elementos que crean condiciones muy favorables al empresariado. La primera de ellas es el momento de pago. Al asalariado se le retiene el impuesto en el preciso momento en que percibe el ingreso que lo genera. Cuando un empresario retira una suma similar puede llegar pagar el impuesto hasta dos años después. Esto es porque, como explica Sergio Arelovich: “el primer año lo retira, el segundo lo homologa como honorarios o dividendos y en el tercero, al presentar la declaración jurada por el año anterior, nace la obligación de cancelación del saldo del impuesto” (“Revisar las exenciones”, Página/12, 2/9/2013). El empresario tiene un margen amplio para definir el monto imponible; lo hace unilateralmente según el estado de su empresa, utilizando la estrategia fiscal más conveniente, para lo cual cuenta con amplia elaboración contable al servicio de la elusión. Las empresas deducen como gasto todo lo que permita reproducir la fuente generadora de ingresos, sin límite de monto, con excepción de algunas partidas específicas. Esto disminuye el monto imponible del impuesto sin restricciones. El asalariado, en cambio, solo puede deducir montos generales (MNI, deducción especial, cargas de familia) con independencia de si puede reproducir la fuente generadora de ingresos, es decir, su fuerza de trabajo.
Existen toda una serie de condiciones asimétricas que exceden ampliamente la cuestión del MNI. Aunque su elevación pateó hacia delante el impacto de estas cuestiones sobre casi dos millones de asalariados, estas siguen en el tintero. El salario no es ganancia, y no puede ser tratado como tal. Otra cosa es si las relaciones que adoptan la forma salarial, pero refieren a las funciones de comando de la producción y se remuneran directamente con una parte del excedente de las empresas, como es el caso de los gerentes y otros estratos dedicados directamente a representar el capital, han de ser gravadas como ganancia. Pero hacer esto exigiría una profunda reformulación de la cuarta categoría, ausente en cualquiera de los debates actuales. Por eso, ante todo, de lo que se trata para los trabajadores es de rechazar este impuesto a los salarios, que consitituye además una “doble imposición” que se suma a las contribuciones previsionales.
Que contrasta con el hecho de que a los sectores más ricos se les exime de pagos previsionales, ya que existe un tope remunerativo que hoy es de $24.473,92, por encima del cual no es obligatorio el ingreso de aportes con destino a los sistemas de seguridad social y obras sociales, mostrando las patas cortas del pregonado concepto de solidaridad. Aunque como contrapartida esto engrosa la base imponible del impuesto a las Ganancias, se reduce la base de ingresos específicos del sistema previsional, en beneficio del financiamiento del tesoro, a lo cual se suma el conjunto de las exenciones que benefician a los más ricos y hacen que vaya al tesoro una parte menor de lo que iría al sistema previsional de no existir dichos topes.
Por si quedan dudas de cómo funciona el sistema tributario, veamos los pagos de ganancias de los estratos más altos. Según datos de la AFIP relevados por Marcelo Zlotogwiazda, 283 personas ganaron en 2012 más de 10 millones de pesos cada una, sumando de conjunto 4.799 millones de pesos. Esas 283 personas pagaron en concepto de impuesto a las Ganancias 849 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Es decir un 17,7%, exactamente la mitad de la alícuota de 35% vigente para la escala más alta del impuesto. La presión tributaria (es decir, la relación entre todos los ingresos tributarios de nación y provincias, y el producto bruto) era en 2012 de 37% según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Es decir, más del doble de lo que soportaba este selecto grupo como impuesto a sus ganancias, uno de los gravámenes que sin duda más repercute en la presión tributaria sobre estos individuos. Por suerte pagan más los que más tienen, ¿no? Como señalamos, las deducciones y desgravaciones tienen una marcada orientación clasista.

Dime a favor de quién gastas…
Las usinas de divulgación de ideas vinculadas a distintos sectores empresarios nos tienen habituados a los reclamos de un Estado “chico”.
En los medios más afines al empresariado leemos regularmente notas que declaran con escándalo que la presión tributaria escaló desde el 17,5% del PIB que representaba en 1999. Estos pataleos van asociados a numerosas críticas por los supuestos excesos de un gasto “social”. Desde veredas ideológicas opuestas a estas, muchas veces se identifica un mayor peso de la recaudación y gastos del Estado como proporción de la producción nacional como algo lisa y llanamente progresivo. Sin embargo, por mucho que pataleen los primeros y festejen los segundos, un análisis de la estructura del gasto estatal hoy muestra que la parte del león del presupuesto se la llevan las transferencias al capital y otros gastos que cumplen un rol clave en garantizar condiciones fundamentales para la marcha de los negocios capitalistas, y no el gasto social que –según suponen detractores y apologistas por igual– le habría impreso una orientación pretendidamente progresiva basada en algunas medidas distributivas –muy limitadas en términos absolutos y como parte del gasto total–. Si por el lado del financiamiento a través de impuestos ya hemos visto los rasgos que confieren al sistema impositivo un carácter regresivo, por el lado de los gastos también se puede ver un marcado sesgo clasista. Veamos. Una de las políticas más promocionadas por el gobierno como parte de la batería de medidas de índole redistributiva es la Asignación Universal por Hijo (AUH) –medida que también repercute sobre la demanda para los empresarios que producen bienes de consumo, ya que es un ingreso adicional que se destina en su mayor parte a la adquisición de los mismos, ayudando a sus beneficios–. Esta representó en 2012 un monto de $18.500 millones.
Frente a esto, las erogaciones en subsidios al transporte y la energía, cuyo principal beneficiario son los empresarios (tanto lo que reciben un subsidio que solventa sus ganancias como los demás, que se benefician indirectamente por el hecho de que las tarifas planchadas limitan las presiones a la recomposición salarial que afrontan por parte de los trabajadores bajo convenio) sumaron $84.700 millones, es decir, 4,5 veces lo que insume la AUH. Los pagos de servicio de la deuda pública, sumaron en 2012 $55.000 millones. Otros regímenes de promoción económica que benefician a distintos sectores empresarios insumieron el año que pasó casi $11.000 millones. Todo esto sumado alcanza $139.700 millones, lo que representa casi un 55% de todo el gasto en seguridad social, es decir, la suma de jubilaciones, asignaciones y pensiones, y AUH, que como ya señalamos tienen su base mayormente en la deducción que se hace de los salarios.
Otras comparaciones resultan lapidarias: en 2012 la suma de los presupuestos de Salud y Educación de la Nación fue de $37.500 millones, es decir, apenas un cuarto de lo que va directo a manos de los empresarios y especuladores. El plan de viviendas PROCREAR representa apenas un 1,5% de dicho monto. Y esto sin contar los variados beneficios especiales para sectores o empresas específicas, créditos a tasas subsidiadas, etc. Existen toda una batería de medidas que transfieren recursos a los empresarios. Aunque las partidas destinadas a mejoras de ingresos de los sectores más pobres crecieron en los últimos años, no se registra un cambio global en el rol estatal hacia una mayor progresividad. Al mismo tiempo que se implementaron medidas como la AUH, se reforzaron las transferencias al capital y medidas benefician proporcionalmente más a los sectores de mayores ingresos. Solo es posible transformar progresivamente el sistema si el conjunto de los gastos del Estado, incluyendo la seguridad social, se basan en impuestos a las grandes fortunas, a las rentas (financieras y del suelo) y gravámenes directos al capital y las ganancias personales más elevados que los vigentes en el país y en el extranjero hoy (que cayeron sustantivamente durante las “contrarreformas” neoliberales desde los máximos históricos alcanzados en los años del llamado “Estado benefactor”) y sin las deducciones y exenciones que rigen.
Terminando definitivamente con el impuesto al salario que constituye la cuarta categoría de ganancias y con el impuesto al valor agregado. Con estas medidas simples –que para conquistarse requieren una amplia movilización obrera y popular– podrían obtenerse decenas de miles de millones de pesos, para garantizar a todos los trabajadores un salario acorde a la canasta familiar, sostener el 82% móvil para todos los asalariados –hoy retaceado por el gobierno– y encarar rápidamente las obras de infraestructura vial, de vivienda y de provisión energética que hoy son postergadas o realizadas a cuentagotas con el argumento de la falta de recursos.
Revista IdeI. Esteban Mercatante
N.4, octubre de 2013.

Juntándola con pala y calladitos

Durante los últimos años el sector financiero mostró un incremento permanente en sus ganancias.

 Pasaron de 4746 millones de pesos en 2008 a 29.179 millones de pesos este año.

 La performance supera el desempeño de cualquier otro sector de la economía nacional.

 Por Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Barreda y Sergio Arelovich *


La regulación del sistema financiero constituye una materia pendiente a 30 años de la recuperación de la democracia. La legislación vigente fue aprobada por la última dictadura en 1977. Esa norma reemplazó a otra “ley” emitida durante otro gobierno de facto en 1969 que, a su vez, sustituyó a otra de 1957, también en años de dictadura. Desde 1955, la democracia argentina no se ha dado sus propias leyes en materia financiera. En cambio, esa tarea estuvo a cargo de la elite económica que implementó las modificaciones a través del brazo armado de las dictaduras del siglo pasado. La excepción fueron los ensayos durante 1973 y 1974. Por eso, repensar el marco legal para el sistema financiero representa un desafío que pone en debate la centralidad creciente que ha ido adquiriendo el sector. La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, acompañada de numerosas normas emitidas por la entidad, fue cerrando ciertas porosidades generadas por la reforma de 1977. Sin embargo, el peso adquirido por el sector, su rol en el proceso de acumulación del capital y la relevancia en la construcción de precios sensibles en la economía argentina tornan impostergable su abordaje.
Durante los últimos años el sector financiero mostró un incremento permanente en sus ganancias. Pasaron de 4.746 millones de pesos en 2008 a 26.798 (1) millones de pesos este año. Ese comportamiento se tradujo en un incremento de la rentabilidad sobre patrimonio neto de la actividad desde el 12 al 28 (1) por ciento anual. La performance de la rentabilidad del sector financiero a lo largo del último lustro supera el desempeño de cualquier otro sector de la economía nacional.
Otro apartado a destacar del comportamiento sectorial es el cambio en los niveles de productividad del trabajo en los bancos y entidades financieras. En ese sentido, un elemento importante es el crecimiento del número de cuentas bancarias administradas por trabajador, que pasó de 401 en el año 2008 a 592 en 2013, un crecimiento de casi el 50 por cientoA su vez, el margen bruto de intermediación asociado a cada una de esas cuentas mostró un crecimiento a valores constantes del 46 por ciento. En la actualidad, este valor es de 1216 pesos.En el año 2011, la participación de los trabajadores en la distribución del valor agregado bruto sectorial fue del 36 por ciento, para el año 2012 ese concepto se redujo al 34 por ciento, y para el año 2013 se observa una nueva caída, que lo lleva al 32 por ciento. En estos mismos años la participación de la ganancia bruta se mantuvo estable en un 40 por ciento. Las características actuales del sistema financiero y los nuevos roles desempeñados por el mismo en los últimos años, ya sea como comprador y operador de títulos públicos o como fuente de recursos tributarios cada vez mayores, agrega complejidad a un debate sobre qué tipo de intervención y regulación estatal se requiere para orientar la dinámica de este sector en el marco de una estrategia de desarrollo económico sostenido.
* Red de Economía Política de Rosario 
AÑO                    2008      2009      2010      2011      2012      2013   Variación
Ganancias           4.746        8.676     12.284   14.754   19.497   29.179   614%
Rentabilidad         12%          18%       22%       24%       26%       30%   130%

(1) Según último informe oficial del BCRA el año 2013 la ganancia del sector fue de 29.179 millones. (Actualizado por UP Lanus)


domingo, 23 de marzo de 2014

CRISTO DESTRUYE SU CRUZ

Esté es la imagen mío en que representé Jesú Cristo en el tiempo final. Él está rompiendo la cruz y los hombres del mundo. Para mí, significa que Criso vuelve a destruir el genero humano porque los hombres había contaminado la historía de verdad y han hecho una de su creacíon. Por éso, Cristo creió que su sacrificio había hecho en vanO y está enfadado. La pintura muestra la vista que creo sobre la íglesia y cristianos.

DIOSES DEL MUNDO MODERNO

En éste mural depicto el cambio del mundo con ningunos cristianos a el mundo con capistalismo. Los dioses significa los jefes de capitalismo y la destrucción que traigan. El mundo de ésos es el infierno de ética y moralidad. Las tumbas significa las personas del pasado y las vidas que viven. Todos del mundo perfecto había destruido. El mesaje es de muerte y la carencia de bien.

sábado, 22 de marzo de 2014

RETRATO DE FAMILIA ARGENTINA. Memoria por la Verdad y Justicia



El poeta argentino Leopldo Lugones exclamó:

 "¡Ha sonado, para bien del mundo, la hora de la espada!"

Y  así aplaudió, en 1930, el golpe de estado que instauró a una dictadura militar.







Al servicio de esa dictadura, el hijo del poeta, el comisario Polo Lugones, inventó la PICANA ELECTRICA y y otros convincentes instrmentos que él ensayaba en los cuerpos desobedientes. 




Cuarenta y pico años después, una desobediente llamada Pirí Lugones, nieta del poeta, hija del comisario, sufrió en carne propia los inventos de su papá, en las cámaras de tortura de otra dictadura. 

Esa dictadura desapareció treinta mil argentinos.

Entre ellos, ella.

(Eduardo Galeano. "Espejos")

Lugones fundó el primer centro socialista en Córdoba, su provincia natal, pero terminaría siendo un propagandista del golpe fascista de Uriburu. Las oscilaciones ideológicas de Lugones terminaron el 18 de febrero de 1938 cuando se mató en un recreo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, llamado El Tropezón, al tomar una mezcla de whisky y cianuro. Su hijo se llamaba como él, Leopoldo Lugones. Le decían “Polo” y es el despreciable personaje del que se habló al principio. Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear fue director del Reformatorio de Menores de Olivera. Lo exoneraron y fue procesado por corrupción y violación de chicos de ese mismo reformatorio. Cuando iba a ser condenado a diez años de reclusión, el presidente Hipólito Yrigoyen (que sucedió a Alvear) lo salvó cediendo ante un pedido del padre de “Polo”, que imploró para salvar el honor de la familia.  El primer golpe de estado en la Argentina, el de Uriburu en 1930, fue una bendición para “Polo”. A modo de reparación el dictador le hizo pagar los sueldos que dejó de percibir cuando lo echaron del reformatorio de Olivera por el caso de abuso de menores. Incluso lo nombró comisario inspector de la Policía, en la misma repartición en la que figuraba su prontuario, que lo calificaba de “pederasta” y “sádico conocido”. Como se dijo, Lugones implementó, en el sótano de la vieja penitenciaría de la avenida Las Heras, una sala de interrogatorios y torturas. Participaba activamente de las sesiones y su fama de torturador le valió una caricatura que lo mostraba como un monstruo y que el diario Crítica publicó en primera plana bajo el título “El torturador Lugones”. En 1971, como su padre, “Polo” también se suicidó.   Susana “Piri” Lugones, una de las hijas del comisario, fue una artista, traductora, editora, que odiaba a su padre. Militó en el grupo guerrillero Montoneros. Se solía presentar como: “Piri Lugones, la hija del torturador”. En 1977, Susana fue secuestrada por un grupo de tareas de la Armada. Se cree que fue torturada con la picana eléctrica que su padre estableció en el país y utilizó con enfermizo entusiasmo. Es una de las desaparecidas de la última dictadura militar.

martes, 18 de marzo de 2014

La lucha de los educadores y la unidad de los trabajadores


Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info) extracto

1. Cuando la huelga docente de la provincia de Buenos Aires –la que concentra más profesionales de la educación y tres millones de educandos de los 7 millones que atiende la enseñanza pública de Argentina- junto a otras importantes unidades federales marchan hacia su segunda semana de negociaciones colectivas o paritarias, quiero decir más claro todavía.
El 2013 terminó con un ‘consensuado políticamente’ 30% de inflación reconocido por el gobierno, su oposición política sistémica y diversas consultoras privadas. Esto es: ya a fines de diciembre de 2013 los salarios carecían de, por lo menos, un 30% de poder adquisitivo que el 2012.

La negociación en curso es para el 2014. Según el desacreditado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -en una vuelta de tuerca discursiva que busca crédito nacional e internacional (se manifestó incluso que el instrumento usado había sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI))- afirmó que, a través de una metodología ‘nueva’, enero arrojó una inflación de un 3,7%. El reciente 17 de marzo, el gobierno reveló que febrero habría tenido un 3,4% de inflación. Es decir que de acuerdo a números políticos tendientes a ocultar el verdadero y misterioso Índice de Precios al Consumidor (IPC), oficialmente entre enero y febrero la inflación sumó un 7,2%. Anualizada, la inflación de 2014 llegaría a un 43,2%.

Si ingenuamente sólo se consideran los números de la administración del Estado (en la realidad, palpablemente no verdaderos), para que los docentes cuenten nada más que con una actualización de su poder de compra, el incremento salarial debería ser de un 73,2% (independientemente de con qué modalidad en cuotas perciban los ‘incrementos’ durante el presente año).

La oferta del empleador estatal se reduce a un 30,9%. En buen castellano, lo ofrecido constituye una feroz y grosera reducción a la remuneración de los educadores.

Respecto de ese 30,9%, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, precisó que ese porcentaje "solamente alcanza a los maestros de grado que recién se inician (…mientras que…) el aumento para el resto es de entre un 21 y 23%".

El pre candidato presidencial oficialista –entre varios- y gobernador del Gran Buenos Aires, Daniel Scioli, ante la disposición resuelta de lucha del magisterio, acudió a las amenazas de rigor. La respuesta de la dirigenta docente Petrocini no se hizo esperar: “no nos han intimidado con el tema de los descuentos (ni) con las inspecciones del Ministerio de Trabajo (…de hecho…) es su obligación fiscalizar el estado de los establecimientos entre ellos las escuelas de la provincia". A decir verdad, los profesores desean la fiscalización de los establecimientos escolares debido a las pésimas condiciones de infraestructura en que se encuentran muchos de ellos. Está en su pliego de reivindicaciones.

En este sentido, Scioli también adelantó que pretende que se abra un debate en la Legislatura provincial para declarar a la educación “un servicio esencial” y no un derecho, con el autoritario, ilegítimo y antilaboral objeto de terminar con cualquier tipo de movilización de los educadores (y todo lo que se mueva) y para que simplemente asuman mansamente sus dictados. Como súbditos embotados.

Asimismo, el gobierno nacional, luego de la llamada “conciliación obligatoria” entre las partes inscrita en la ley, de no haber acuerdo, puede dictaminar las cifras que le parezcan mediante un decreto.

2. El aumento o detrimento del salario docente que resulten de las actuales negociaciones son referencia obligada para los sectores del trabajo que todavía pueden pactar sus condiciones remuneracionales y laborales. Por eso el conjunto de la sociedad debe hacer causa común con los educadores. Sobran los motivos que arquitecturan al sujeto educador formal -aquí la urgencia no es debatir sobre la filosofía de la enseñanza- como un profesional precarizado haciendo una labor socializadora multidimensional, en medio de un país donde la mitad de la población no terminó la secundaria. Aquí está en juego un hito que condensa y sienta precedentes sobre las condiciones de vida de millones de familias que supera con creces al solo gremio magisterial. Estas palabras negras sobre blanco no alcanzan para describir las consecuencias para el devenir concreto de tantos.

La Argentina del “capitalismo nacional” -como caracterizó las aspiraciones de su administración la propia Presidenta Fernández en su última cadena de medios de comunicación- es hoy la del clásico ajuste estructural antipopular.

(Vale indicar que no existen los capitalismos nacionales. Sólo existe la hegemonía mundial del modo de producción capitalista. Hace mucho tiempo que el capitalismo y su división internacional del trabajo ponen a Argentina y al conjunto de las economías empobrecidas en condiciones geopolíticas dependientes de las grandes corporaciones co-mandadas financieramente por sus Estados centrales. Ellas no tienen más patria que sus intereses, basan su acumulación en la más intensa explotación del trabajo asalariado y su apropiación privada y concentrada, el saqueo de recursos naturales y la herida irreversible del ambiente, la destrucción de los pueblos indígenas para hacerse de sus territorios, el reino del patriarcado y otras iniquidades largas de detallar y cotidianas de sufrir.)

Como el gobierno de turno en Argentina resolvió capear la crisis económica (pago de deuda externa ilegítima, déficit fiscal y de la balanza de pagos, estanflación, desinversiones, etc.) a costa del pueblo trabajador, entonces al pueblo trabajador no le queda más alternativa que la organización, la unidad, y la politización y producción teórica acelerada de sus luchas. Más allá de los partidos políticos de impronta anticapitalista que preexisten e incluso tienen una poliética representación y conducta parlamentaria, la nueva dirección compartida políticamente del movimiento real de los trabajadores y los pueblos saldrá de sus propias batallas, con militantes y sin militantes de las agrupaciones tradicionales. (Incorporo a los pueblos en plural, no sólo a los oprimidos ‘clásicos’, sino también como ejemplo, al pueblo Aymara, al Kolla, al Quechua, al Mapuche, al Wichí, al Qom, entre muchos).

La historia de la lucha nos enseña que para oponer resistencia, acumular las fuerzas necesarias para vencer e incluso para perder, hay que ofrecer combate organizado.

3. Me resulta muy duro llegar a comprender los niveles de tolerancia y normalización de la sociedad de Buenos Aires frente al empeoramiento lastimoso de la vida y las puestas en escena cada vez más pobres de la clase política argentina. Quiero entender que la crisis de 2001-2002 funciona todavía como trauma social al que nadie quiere retornar y, por tanto, desde la política de los de abajo se sufre una suerte de anestesia hábilmente fortalecida por el mensaje amplificado por todos los medios desde el poder. A pesar de que, contradictoriamente, en todos los lugares públicos no se habla de otra cosa. ¿Será el miedo que no deja caminar?




domingo, 16 de marzo de 2014

Funcionarios con ingresos superiores en 20 o 30 veces el salario promedio pretenden pagar a los estatales y docentes menos de $5000.

El año comenzó con un ataque a la clase trabajadora, donde el ajuste que combina inflación, devaluación y políticas de enfriamiento de la economía con un tope a las negociaciones paritarias, se está haciendo a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Hace pocos días, la presidenta fue más allá, le pegó duro a los docentes, atacó el derecho de huelga porque transforma a "la gente" en "rehén" de la protesta, y festejó la cláusula neoliberal de presentismo que busca imponer en las paritarias docentes. Justamente es la paritaria de los docentes la que está siendo utilizada como ejemplo para toda la clase trabajadora.
En línea con el gobierno nacional, Scioli les ofrece a los trabajadores del estado, los docentes, los trabajadores de la salud y auxiliares de la educación, un aumento en cuotas que anualizado no supera el 19%. Se les pide a los trabajadores que sean "moderados", mientras los empresarios la siguen juntando en pala y los funcionarios políticos ganan sueldos que superan varias veces al de cualquier trabajador estatal.
Las características del ataque plantean la necesidad de seguir por el camino de la lucha y la coordinación para poder enfrentar el ajuste. Además de estar presente en cada movilización, estamos impulsando proyectos de ley que favorezcan a los trabajadores y los sectores populares en sus luchas.
Entre otros proyectos, hemos presentado una “ley de emergencia” que prohíbe despidos y suspensiones por veinticuatro meses, dispone de un aumento de emergencia de $ 3.000, establece un salario mínimo de $ 9.000 para todos los trabajadores públicos y privados, y una cláusula gatillo para que los salarios se ajusten mensualmente según la inflación, y asimismo establece como jubilación mínima el 82 % del citado salario mínimo. En el marco de las luchas que vienen llevando los trabajadores del sector público, presentamos también un proyecto de ley que plantea la anulación de la resolución interministerial que impone los descuentos de los días de huelga a los trabajadores estatales, de la educación y de la salud. A su vez, presentamos el proyecto de ley para igualar el sueldo de todo legislador y funcionario político al de una maestra. Estamos de esta forma cuestionando a los funcionarios que mientras ingresos superiores en 20 o 30 veces el salario promedio pretenden pagar a los estatales y docentes menos de $5000. Ellos viven como los altos gerentes de las grandes empresas, lo que favorece que gobiernen y legislen en favor de los intereses de los empresarios. Con este nivel de vida estos funcionarios en su abrumadora mayoría no hacen uso del hospital público, la escuela pública, el transporte público, ni tienen que padecer de las dificultades que tiene el pueblo común para acceder a la vivienda. Y actúan como una capa social alejada de las condiciones de vida del pueblo. 
Estos proyectos son un aporte que hacemos para que las luchas en curso tengan también expresión en el terreno de la legislatura de la provincia. Los invitamos a tomar en sus manos estos proyectos de manera militante, ya que sabemos que su aprobación dependerá de la capacidad de movilización de los trabajadores. Impulsemos esta "agenda de los trabajadores" juntos, tanto para que sean un punto más de apoyo en estas duras paritarias que se están desarrollando, como para denunciar a esta verdadera casta de funcionarios que viven como empresarios, como ricos, porque gobiernan para ellos.
Cristian Castillo dip FIT

NI VAGOS NI PRIVILEGIADOS, TRABAJADORES DOCENTES ESTAFADOS

RED ECO 16 MARZO 2014
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 El incremento de los niveles de inflación a partir del año 2007 ha impactado fuertemente sobre la evolución del salario real, y ha licuado, en muchos casos, los incrementos nominales negociados.
Por Horacio Meguira *

Entre 2008 y 2011 el aumento negociado en la paritaria nacional docente estuvo en línea con la evolución de la inflación, lo que permitió mantener relativamente estable el valor del salario real en los niveles que se habían establecido en el año 2007 (en el año 2011 el salario mínimo nacional docente era, en términos reales, un 2,2 % superior al de 2007).
Sin embargo, en 2012 y 2013, el incremento del salario impuesto por el Gobierno Nacional estuvo muy por debajo de la inflación, provocando una caída del salario real del 3,8 % en 2012 y del 6,6% en 2013.
El último año, el salario mínimo nacional docente estuvo 8,2% por debajo del percibido en 2007.
Para equiparar dicho valor, el piso salarial docente debería llevarse al día de hoy a la suma de $ 4.750, lo que equivale a un incremento aproximado de un 40% (dependiendo de la evolución de los precios de febrero y marzo). Para recuperar el poder adquisitivo que el salario docente tenía en marzo de 2007, el incremento inmediato debería ser del 40%. Para alcanzar a la inflación y tener algún margen de previsión, el 61% solicitado por los sindicatos paritarios de CGT llevaría el inicial a 5.500 pesos. Si tenemos en cuenta que la canasta básica se calcula en 9.000 pesos, los docentes están lejos de cubrir sus necesidades.

CTERA, fundadora de la CTA, fue pionera en el sindicalismo de nuevo tipo. Su lucha no se reducía a la reivindicación económica sino que se insertaba en la comunidad educativa y permitía un fuerte vínculo con la sociedad civil. No luchaba por el salario sólo para mejorar la condición de sus representados, sino también por mejorar la calidad de la educación de una sociedad democrática.
Los congresos pedagógicos de la comunidad educativa fueron consecuencia del impulso de sus dirigentes, marcaron una época de planes e iniciativas que se plasmaron en uno de los conflictos más importantes de los últimos años: la carpa blanca.
Su incorporación al kirchnerismo fue desgastando la credibilidad y la confianza, delegó gran parte de la política en el gobierno del Estado. Mientras existía la posibilidad de recuperación paulatina del poder adquisitivo pudo mantener cierta coherencia. Podía justificar el cambio de rumbo. Luego del golpe inflacionario provocado por la devaluación, el retraso de la fijación del “básico testigo” ha generado simultaneidad de conflictos, donde las representaciones fueron delineando, desordenadamente, una agenda reivindicativa que ignora la conducción de CTERA.
Hoy ese liderazgo está en disputa; sus errores han permitido que se desarrollen otras representaciones, que han socavado su hegemonía.
La lucha de los docentes se ha descentralizado. Han surgido otros actores tales como la Federación Nacional Docente (FND-CTA), agrupaciones opositoras y sindicatos o seccionales rebeldes van conformando un nuevo bloque que disputa el liderazgo en el conflicto.
La huelga por tiempo indeterminado declarada por SUTEBA es un signo de impotencia.
Está más dirigida a contener a las oposiciones que a ganar el conflicto en la Provincia de Buenos Aires. Resulta al menos contradictoria la actitud de ser “combatientes” los primeros meses del año para luego convertirse en “aplaudidores” de sus antagonistas.
Además de la humillación a la que periódicamente la Presidenta los somete (tratándolos de vagos, de privilegiados, etc.), la incorporación en la contraoferta del Gobierno del presentismo como condición del acuerdo indica a las claras que al momento de definiciones el Gobierno es impiadoso con sus aliados.
En resumidas cuentas, en el supuesto de que este conflicto concluya con la baja del salario real, seguramente significará el fin de la hegemonía de la conducción actual de CTERA, consecuencia clara de la delegación de la iniciativa política y consecuentemente de la pérdida de autonomía.
* Director del Departamento Jurídico de la CTA

QUIEN ES QUIEN


RECLAMOS Y RESPUESTA


PASOS


NO ES UNA CRISIS


martes, 4 de marzo de 2014

La hipersexualización de las imágenes publicitarias, los programas de televisión y las revistas; la inclusión de personajes de telenovelas y películas que son gays, lesbianas o trans y, en otro plano, la extensión del matrimonio igualitario en diversos países y el desarrollo de espaciosgayfriendly en las grandes metrópolis, nos podrían hacer creer que la sociedad contemporánea ha alcanzado los ideales de “libertad sexual” que se enarbolaban en los años ‘60.
En esa década, una profunda “revolución sexual” acompañó la ola de radicalización social, política e ideológica, desafiando las tradiciones de una moral conservadora. Durante y después de la II Guerra Mundial –especialmente en los países centrales y en las zonas urbanas–, una mayor tecnificación del trabajo doméstico, que redujo el tiempo necesario para su realización, fue precondición para la incorporación masiva de las mujeres a las universidades y al mundo laboral.
Más tarde, junto con la masificación del uso de anticonceptivos, estas condiciones propiciaron la retardación en la edad para contraer matrimonio y, por consiguiente, favorecieron el aumento de las relaciones sexuales “prematrimoniales”, la tendencia a la disminución de la tasa de natalidad y el aplazamiento de la maternidad hasta edades más avanzadas. La generación que creció bajo esas condiciones sociales, económicas y políticas, dio origen a la segunda oleada feminista y al movimiento de reivindicaciones de la población no heterosexual, poniendo en tela de juicio las reglas que gobernaban el comportamiento sexual y las relaciones sexo-afectivas.
Sin embargo, la libertad sexual conquistada durante aquellos radicalizados años se reconfiguró, en las décadas siguientes y a fuerza de derrotas sociales, políticas y culturales, como libertad de mercado: la voracidad capitalista mercantilizó, en una escala sin precedentes, todo aquello que la moral burguesa había erigido como “vida privada” y que los movimientos sociales se habían esforzado por demostrar que eran construcciones socio-históricas, dispositivos biopolíticos, lógicas culturales en el marco de las sociedades de clase. La identidad sexual, el deseo y la fantasía se transformaron, entonces, en objetos de lucro, a niveles industriales1.
 La sexualidad mercantilizada
Con la liberalización de las fronteras para el flujo de capitales y el hundimiento de las economías de los países semicoloniales, aumentaron en forma descomunal no solo la deslocalización de las masas trabajadoras, sino también los “exiliados” económicos y el tráfico de personas. En el marco de este fenómeno global, se amplió a escala planetaria la trata de mujeres para la explotación sexual, reduciendo la prostitución individual y voluntaria, prácticamente a un concepto meramente académico2.
Por otra parte, la industria pornográfica –bajo las condiciones creadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la revolución de las comunicaciones e internet– alcanza cifras siderales: si en 1975, en EE.UU., la pornografíahardcore produjo un valor de entre 5 y 10 millones de dólares, las estimaciones actuales rondan entre los 10 mil y 13 mil millones, de los cuales, poco menos de la mitad serían ingresos legales3. En pocos años, la pornografía abandonó su marginalidad cuasidelictiva para transformarse en una industria pujante.
Eso propició, a su vez, la sindicalización y el control sanitario de sus trabajadores y trabajadoras, la celebridad de productoras, cineastas, actores y actrices que adquirieron renombre en el mercado y el desarrollo de numerosos subgéneros para satisfacer las más variadas y recónditas fantasías. Pero a la vera de la regulación y masificación de este pujante negocio, surgieron no solo los subgéneros críticos del modelo heterosexista y misógino que se representa habitualmente en estas películas –como la pornografía feminista, la pornografía gay, lésbica, etc.–, sino también, la producción y comercialización clandestina de películas en las que las mujeres son sometidas sin su consentimiento, como también otras en las que se registran torturas, violaciones y asesinatos reales para “entretenimiento” de los consumidores4. Y así como los cuerpos y las fantasías se han transformado en valiosas mercancías para la sed de ganancias de la industria del sexo, lo propio ha sucedido con la sexualidad heteronormativa de la pareja monogámica. Una serie de mandatos y prescripciones –exigencias imposibles de cumplir en el acelerado y competitivo mundo del trabajo flexibilizado y los turnos rotativos– se imponen a través de revistas, programas de televisión y especialistas en el sexo. Mezclados con superfluas explicaciones de pretensiones pseudocientíficas, como “La eyaculación precoz, un problema de los dos” o “La química del amor: cómo es el mapa de un cerebro enamorado”, los medios nos ofrecen los títulos que instruyen a las mujeres en el amor romántico y el matrimonio, aunque aggiornados a esta hipersexualización de la cultura y generando nuevos nichos de mercado: desde los inofensivos “En la oficina: ¿Cómo encarar una relación?”, hasta los más osados que proponen “Punto G: cómo aumentar el tamaño y la sensibilidad” o “Sexo express: los 9 mejores lugares para un ‘rapidito‘”5. Artículos como los mencionados pueden encontrarse en las revistas dominicales de los más circunspectos periódicos, aconsejándonos para tener un mejor, mayor, saludable (y “correcto”, es decir, heterosexual y monogámico) desempeño sexual.
Todo se vende, todo se compra. Desde una mujer, hasta el juguete sexual que las buenas esposas adquieren en una reunión de amigas; desde las fantasías relatadas en imágenes cinematográficas, hasta los fármacos para tratar la disfunción eréctil que se expenden bajo receta. Lo que había conformado ese complejo fenómeno denominado “vida privada” se expuso sobre el mostrador.
 La inapetencia y el consumo
Pero paradójicamente, a medida que el sexo se transforma literalmente en “moneda corriente”, el disciplinamiento de los cuerpos y el deseo, parece correr con ventaja. Y mientras aumenta la mercantilización de la sexualidad, paradójicamente, la falta de deseo se ha transformado en uno de los motivos más frecuentes de consulta médica y psicoanalítica6.
Bajo los ritmos del trabajo flexibilizado y precario en el que se sumergió a millones de seres humanos, toda la vida quedó sometida al contrato temporario: la aceleración del ritmo de los procesos económicos, aceleró también los ritmos de la vida social. Las técnicas de producción y los procesos laborales se transformaron en volátiles, transitorios y acelerados; todo es instantáneo y desechable: desde las mercancías hasta los estilos de vida y las relaciones. Nos permitimos una larga cita del sociólogo Zygmunt Bauman que grafica esto que señalamos: “En ausencia de una seguridad a largo plazo, la ‘gratificación instantánea’ resulta una estrategia razonablemente apetecible. (…). La postergación de la gratificación ha perdido su encanto. (…). Las precarias condiciones sociales y económicas entrenan a hombres y mujeres (o los obligan a aprender por las malas) para percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables, objetos para usar y tirar; el mundo en su conjunto, incluidos los seres humanos. (…). Es así que la política deliberada de la ‘precarización‘ llevada adelante por los operadores del mercado de trabajo se ve auxiliada e instigada (y en sus efectos reforzada) por las políticas de la vida, sean éstas adoptadas deliberadamente o a falta de otras opciones. Ambas producen el mismo resultado: la descomposición y el languidecimiento de los vínculos humanos, de las comunidades y de las relaciones”7.
Entonces, terminamos en una encerrona: en ese flujo incesante, donde la tecnología posibilita una hiperconexión global, que garantiza la comunicación sin trabas geográficas ni temporales, la soledad se ha convertido en uno de los “males” de la época. Y el individualismo conduce a relaciones efímeras, superficiales y utilitarias, porque justamente lo que se busca en el otro no es al otro, sino quien remedie el malestar del “vacío interior” al que conducen los vertiginosos ritmos de la vida contemporánea8.
De ahí que algunos especialistas hablen de la “sobrevaloración” (y podríamos agregar, idealización) que adquiere, nuevamente, la vida en pareja, como utópico reaseguro contra la soledad a la que nos confina el trajín de una vida precaria y completamente flexibilizada. La privatización de los servicios públicos y la “desprivatización” de la vida íntima fueron acompañadas de una política de ampliación de ciudadanía que le confirió mayores poderes al Estado sobre nuestros cuerpos, nuestras relaciones sexo-afectivas y nuestras prácticas eróticas: la política de derechos, en el mismo movimiento en que incluye a proporciones más amplias de la población –y es otra discusión la estimación concreta de los alcances de esta amplitud–, las integra bajo las normas que son precondición necesaria para la exclusión de nuevos sectores.
Por eso, ha generado un importante debate teórico-político la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, donde las críticas no solo provienen de los grupos más reaccionarios de la sociedad, las iglesias y los partidos conservadores, sino también de sectores de la comunidad LGBT que cuestionan los valores de exclusividad, monogamia, estabilidad, convivencia, etc. que rigen al matrimonio. Es la paradoja que atravesaron todos los movimientos sociales durante el período inmediato posterior a los años ‘70: la inclusión de derechos democráticos elementales en los códigos de leyes de los Estados capitalistas, que implica, como contrapartida, establecer la punición con que el Estado y sus instituciones castigarán a quienes irrespeten ese derecho9. “Existe poca inversión en todo lo que pueda cambiar la pobreza, dependencia y precariedad de las mujeres, pero existen numerosas leyes penales para proteger a la mujer”, señala Larrauri10.
Las consecuencias de la opresión y la existencia de las clases sociales no pueden abolirse a través del derecho. Los nuevos socios que quieran ingresar al club, no pueden eludir la revisación médica. Ingresarán al mundo de los derechos, ajustándose a las reglas establecidas para su ejercicio. A millones de seres humanos, el nuevo carnet de ciudadanía apenas les permite sentirse socios del club, aún cuando les siga estando interdicto el uso de sus instalaciones.

1. Ya analizamos en números anteriores, cuáles fueron las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se fue produciendo esta transformación respecto de los movimientos sociales de la igualdad de género y la libertad sexual. Allí señalamos cómo, simultáneamente, los movimientos emancipatorios –que se movilizaban en contra del Estado, para denunciarlo o exigirle, y vinculaban su demanda con una crítica social y política al capitalismo– se transformaron en asociaciones civiles para el cabildeo, el monitoreo de las políticas públicas y la implementación de microproyectos asistencialistas. Ver “La emancipación de las mujeres en tiempos de crisis mundial” de A. D‘Atri y L. Lif, IdZ 1 y 2, 2013.
2. Los orígenes de la trata de mujeres para la explotación sexual puede remontarse a la Antigüedad, cuando en sus expediciones de conquista, los ejércitos victoriosos no solo sometían a los pueblos vencidos a la esclavitud, sino que también “seleccionaban” a las mujeres más bellas, entre las esclavizadas, para servir como cortesanas a los hombres del poder político. Sin embargo, la dimensión global que alcanzan las redes de trata en la actualidad, no tiene precedentes. Este fenómeno dio lugar a nuevos debates entre abolicionistas y regulacionistas de la prostitución, incluyendo una nueva posición, la “decisionista”. Ver “Del lenocinio de la Antigüedad a la organización sindical contemporánea”.
3. Según datos de Forrester Research. Para la revista Forbes, los ingresos de la pornografía en 2001 se estimaban entre 500 y 1800 millones de dólares por videos, 1000 millones por internet y otro tanto por revistas, además de 30 millones por telefonía, etc.
4. En los años ‘70 se desarrolló un gran debate en el feminismo sobre la posición frente a la pornografía. Actualmente, ese debate se ha reavivado con el surgimiento de las corrientes posfeministas autodenominadas “prosexo”, que se referencian en la teoría queer. Ver “De las Feminist Sex Wars a la pornografía feminista”.
5. Artículos de la sección “Pareja y Sexo” del sitio www.entremujeres.clarin.com.
6. Aunque también ha surgido el reclamo por contemplar la asexualidad como una nueva orientación sexual, diferenciada de la abstinencia o el celibato.
7. Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2009.
8. De hecho, en el psicoanálisis ya se habla del pasaje de la predominancia de las neurosis a la extensión de las patologías del carácter, especialmente de las personalidades narcisistas, caracterizadas por la intolerancia extrema al fracaso o a la crítica.
9. En los debates jurídicos, se plantea la tendencia –de los ‘80 en adelante– a considerar la gravedad social de un problema en función de su criminalización. Con el desmantelamiento del Estado de Bienestar, los problemas sociales se afrontan con el sistema penal.
10. E. Larrauri, “La intervención penal para resolver un problema social”, en Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política, mimeo, 2011.

***

De las Feminist Sex Wars a la pornografía feminista

En los ‘70, el nicho del mercado pornográfico explotó de la mano de la “revolución sexual”: se expandieron los cines donde solo se proyectaban películas pornográficas, se legalizó la pornografía en varios países, etc. Muy pronto, el desarrollo de las cámaras de video domésticas, permitió que la industria tuviera un crecimiento exponencial, no solo por el bajo costo de producción que permitía la nueva tecnología, sino también porque el consumo se trasladaba de las salas de cine a los domicilios particulares, con todas las ventajas discrecionales que esto aparejaba.
Esto generó lo que se conoció como Feminist Sex Wars (guerras feministas del sexo), un intenso debate ocurrido, principalmente, en EE.UU. sobre cuál debía ser la posición del feminismo en torno a la pornografía, y dividió al movimiento entre quienes pugnaban por prohibirla y quienes la defendían, enarbolando el derecho a la libertad de expresión.

La experiencia sexual entre una persona y una cosa
Así define a la pornografía, la jurista feminista norteamericana Catharine MacKinnon1. Junto con Andrea Dworkin, en el debate de los ‘70, sostuvieron que la pornografía era constituyente de la subjetividad masculina: a través de ella, los hombres aprenderían a reproducir la situación social de subordinación de las mujeres. Cuestionaban, además, que en esas películas, las mujeres eran estigmatizadas como objetos, mientras se las excluía de la producción e incluso, de su consumo.
“En la sociedad industrial contemporánea, la pornografía es una industria que produce en masa, por dinero, intrusión, acceso, posesión y uso sexuales por y para los hombres (…). Es una trata de mujeres tecnológicamente sofisticada (…). En esta perspectiva, la pornografía, con la violación y la prostitución en las que participa, institucionaliza la sexualidad de la supremacía masculina, que funde la erotización del dominio y el sometimiento con la interpretación social de lo masculino y lo femenino. El género es sexual. La pornografía constituye el significado de esa sexualidad. Los hombres tratan a las mujeres según lo que ven que son las mujeres. La pornografía construye quiénes son”, señala MacKinnon2.
La pornografía tendría una potencialidad constituyente: no solo se trataría de la reproducción de imágenes degradantes de las mujeres, sino de la construcción de la mujer “como una cosa al servicio sexual de los hombres”3.
Pero así como las películas del “super-soldado” Rambo no son la causa del incremento del
gasto militar en la administración Reagan, sino por el contrario, la forma propagandística con la que intenta legitimarse esta política –para la que era necesario, además, desagraviar ante los ojos de las masas al ejército norteamericano vencido en Vietnam–, los filmes pornográficos reproducen –en el ámbito exclusivo del sexo en las relaciones heterosexuales– la milenaria subordinación social de las mujeres que las democracias capitalistas no han demostrado poder eliminar de raíz.

La ilusión liberal de la libertad
Quienes defendieron la legalidad de la pornografía, se fundaban en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que refiere a la libertad de expresión. Según la interpretación más corriente, garantizar la diversidad de expresiones en democracia impediría que se impongan solo algunas ideas o las de un solo grupo social; salvaguardando la posibilidad de opiniones divergentes a las hegemónicas, se permitiría a la ciudadanía escoger y tomar decisiones menos coaccionadas.
La respuesta de Mackinnon atacó dos aspectos cruciales y controvertidos. Por un lado, sosteniendo que la Primera Enmienda intenta proteger las expresiones heterodoxas del discurso hegemónico, pero que la pornografía “es” el discurso dominante en lo que refiere a la relación entre los géneros, que la pornografía tiene el poder de decirles a las mujeres quiénes son y el poder para tratarlas en consecuencia con esa definición. Pero más centralmente, que la pornografía no es expresión, opinión o discurso, sino que es lisa y llanamente violencia sexual contra las mujeres. De ahí que no le cupiera la Primera Enmienda, sino la Decimocuarta, que exige a los estados la protección igualitaria de todas las personas ante la ley.
Mucho más recientemente, se alzó otra voz en este debate. De la mano del activismo queer, algunas mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución y la pornografía defendieron su actividad como elección, sosteniendo además que se trata de opciones exentas de coacción: “cuerpo de la mujer, derecho de la mujer”. Sin embargo, la posición de las feministas autodenominadas “pro-sexo”, no se limita solo a la defensa de la libertad individual, sino que aboga también por los beneficios que la pornografía proporcionaría a las mujeres, ofreciéndoles una vasta visión de las posibilidades sexuales, permitiéndoles experimentar sexualmente sin los riesgos “de la calle”, etc.4.
Las pro-sexo dieron origen a lo que se conoce, actualmente, como el “pos-porno”, donde la representación heteronormativa de la sexualidad, hegemónica en la industria pornográfica,
es criticada y combatida mediante la producción de otras representaciones heterodoxas de las fantasías, los cuerpos y las sexualidades. Sin embargo, desde un ángulo opuesto al de Catharine MacKinnon, el pos-porno también parece conferirle al relato de las sexualidades, una formidable capacidad constituyente. Los estereotipos son el sedimentado histórico de relaciones sociales establecidas en base a la primaria división sexual del trabajo, al surgimiento de la propiedad privada y la consecuente necesidad de controlar la sexualidad de las mujeres (es decir, salvaguardar para el propietario, la capacidad reproductiva de las mujeres que garantizarían su linaje). La idea de que la fantasía sexual, el deseo, la identidad u orientación sexual y la práctica sexual misma tienen per seel poder de controvertir la milenaria relación social de opresión masculina heterosexista sobre mujeres y personas no heterosexuales, aparece como exageradamente pretenciosa.
Valoramos su espíritu disidente contra tanta mojigatería impuesta no solo por la derecha conservadora, sino también por la política de los derechos que reconoce, predica y exige un mayor control del Estado de clase y patriarcal sobre nuestros cuerpos. Pero la humanidad, sometida al disciplinamiento (también sexual) que imponen la explotación del trabajo y la familia basada en la pareja parental heterosexual monogámica para garantizar la reproducción de esa fuerza de trabajo –justificadas y legitimadas por los discursos religiosos, reproducida por los medios de comunicación, etc.– no puede alcanzar una verdadera liberación sexual a través del ejercicio individual de performances sexodiversas. Como marxistas, enarbolamos las banderas democráticas que ninguna democracia del mundo puede izar hasta el tope del mástil: somos contrarios a toda prohibición, limitación o injerencia del Estado y otras instituciones contra la pornografía.
Pero no somos neutrales espectadores en la batalla cultural que no solo se libra en la industria pornográfica, sino también en los medios de comunicación, acerca de las representaciones de las mujeres, de la relación entre los géneros, de la sexualidad, etc. Enfrentamos el machismo y el heterosexismo, revelamos su origen en el fundamento de las sociedades clasistas, denunciamos la reapropiación que el capitalismo contemporáneo ha hecho de estas viejas relaciones de subordinación y opresión para fortalecer su poder en la explotación de millones de seres humanos. Tomamos partido abiertamente en la lucha contra las redes de trata y todas las formas de violencia contra las mujeres. Y, ante todo, combatimos por una sociedad de productores libres, donde la sexualidad humana pueda expandir sus infinitas posibilidades no solo en los vínculos sexoafectivos, sino también en las más diversas formas de relaciones entre las personas, el arte y la cultura de masas –incluyendo la pornografía–, liberada de las coacciones físicas, económicas, sociales y culturales que hoy la restringen.

1. C. MacKinnon es una de las juristas más reconocidas en el ámbito de los derechos de las mujeres. Representó legalmente a las mujeres bosnias sobrevivientes de los ataques sexuales del ejército serbio durante la guerra de los Balcanes, donde conceptualizó la violación como genocidio y consiguió un fallo histórico que obligó a indemnizar a las víctimas.
2. C. MacKinnon, Hacia una teoría feminista del Estado, Madrid, Ediciones Cátedra, 1989.
3. Nancy Prada Prada, “¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate”, revista La Manzana de la Discordia Vol 5, Bogotá, 2010.
4. Las feministas pro-sexo han suscitado debates más agudos sosteniendo que la pornografía permitiría a las mujeres disfrutar de aquello que, en la vida, es repudiable, como la violación. “¿Por qué una mujer sana fantasía ser violada? (…). Tal vez porque es halagador imaginar a un hombre particular que está tan abrumado por ella que la debe tomar. (…). ¿Es mejor para las mujeres reprimirse?”, se pregunta Wendy McElroy en “A Feminist Defense of Pornography”, Free Inquiry Magazine 4, Vol 17, 2006.

***

Del Antiguo lenocinio a la organización sindical contemporánea

A pesar de que se la considera el “oficio más viejo del mundo”, las características actuales de la prostitución difieren enormemente del lenocinio religioso ejercido en la civilización Sumeria o el que practicaban las hetairasgriegas1. Pero contra toda mistificación de la prostitución, ya Engels la sindicaba como una institución social que “mantiene la antigua libertad sexual… en provecho de los hombres”. Para luego agregar que, aunque la prostitución es reprobada socialmente, ésta “nunca va dirigida contra los hombres que la practican, sino solamente contra las mujeres; a éstas se las desprecia y se las rechaza, para proclamar con eso una vez más, como ley fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino”2.
Para Engels, la prostitución surge como contrapartida de la aparición de la familia basada en el matrimonio monógamo. “Todo lo que la civilización produce es también doble, ambiguo, equívoco, contradictorio; por un lado, la monogamia, y por el otro, el heterismo, comprendida su forma extremada, la prostitución”3.
Estas mismas características se sostienen a través de miles de años. Sin embargo, considerar la prostitución como una institución igual a sí misma, en las distintas sociedades, impide encontrar cuáles son los imbricados vínculos que mantiene con el capitalismo –modo de producción que alteró también, drásticamente, las relaciones sexoafectivas, el matrimonio, la familia, etc. –, y que le confiere nuevas configuraciones, además de abrir a nuevos interrogantes y debates teóricos y políticos.

Revolución industrial y moral victoriana
Fue recién en los albores del capitalismo y, más precisamente, en el período de máximo desarrollo de la “revolución industrial”, que la prostitución adquirió las características modernas. Para mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, por primera vez en la historia, la población urbana era mayor que la rural. El hacinamiento de los desposeídos en Londres, daba lugar a nuevos fenómenos y formas de vida: mientras la reina Victoria ordenaba alargar los manteles para que las patas de las mesas no le recordaran a los hombres las piernas femeninas, en los barrios del Este se multiplicaban los burdeles y las mujeres eran prostituidas en las calles de la pujante metrópoli4.
Analistas de diferentes ideologías coinciden en señalar, durante esta época, que la pobreza es una de las causas más importantes que empujan a las mujeres a la prostitución. Pero, como aclara Bebel, “algunos de los que se ocupan de esta cuestión empiezan a darse cuenta
de que la triste situación social bajo la que sufren numerosas mujeres pudiera ser la causa principal de que tantas de ellas vendan su cuerpo; pero este pensamiento no avanza hasta la consecuencia de que, por consiguiente, es necesario crear otras condiciones sociales”5.

Neoliberalismo e industria del sexo
Fueron las más recientes décadas de restauración capitalista, las que le imprimieron a la prostitución una dimensión inusitada. Para Sheila Jeffreys, la convergencia de la tolerancia de la “libertad sexual” y la ideología del libre mercado hicieron que la prostitución se reconstruyera “como ‘trabajo‘ legítimo que funciona como base de las industrias del sexo, tanto a nivel nacional como internacional”6. El objetivo de su profusa investigación –con cifras y denuncias de distintos lugares del mundo– es demostrar que la práctica de la prostitución se transformó en uno de los negocios –legal e ilegal– más rentable a escala global. Además, intenta sostener que la prostitución forzada de mujeres y niñas secuestradas por redes de trata, se encuentra en la base de una industria más vasta que abarca desde los clubes de striptease, el turismo sexual, la pornografía, hasta la “provisión” de mujeres para bases militares o “matrimonios” convenidos mediante contratos de compra-venta.
Más allá de sus propias valoraciones al respecto, son muchos los estudios que avalan sus conclusiones sobre el incremento inaudito del “negocio capitalista” en que se ha convertido la prostitución y de sus vinculaciones con las redes de trata de personas, la industria pornográfica, el turismo sexual, etc. Veamos algunos datos significativos: según Fondation Scelles, más de 40 millones de personas son prostituidas globalmente; la ONU estima que la cifra de las víctimas de trata, a nivel mundial, es de 2 millones y medio de personas, de las cuales un 85% es destinado a la explotación sexual.
Los destinos turísticos de prostitución –que comenzaron a promocionarse en los ‘80 y los ‘90– fueron, en un principio, aquellos países vecinos a los conflictos bélicos donde descansaban las tropas norteamericanas durante las guerras de Corea y Vietnam (como Filipinas y Tailandia). El retiro de las tropas, dejó una “capacidad instalada ociosa” en cuanto a la industria del sexo: miles de mujeres que habían servido sexualmente a los soldados extranjeros, prostíbulos, bares de streaptease y otros negocios que necesitaban nuevos clientes. El turismo sexual ocupó el lugar de los marines norteamericanos. Los proxenetas del sudeste asiático encontraron la posibilidad no solo de comercializar a las mujeres, sino también de vender el estereotipo de la fémina sumisa. Jeffrey lo asigna al hecho de que “permite a los hombres de países en los que las mujeres están avanzando hacia la igualdad (…) comprar la subordinación de la mujer en otros países, gracias a su mayor poder adquisitivo”7.

Trata de mujeres y trabajo sexual: ¿abolición o reglamentación?
Según un informe de 2006 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 87 % de las víctimas de trata eran destinadas a la explotación sexual. Algunas feministas denuncian que la trata se está convirtiendo en el principal modo de abastecimiento para la industria global del sexo, proveyendo de mujeres forzadas a “trabajar por deudas” en la prostitución callejera o prostíbulos, en clubes de strippers, en la pornografía, etc.
Pero mientras esto sucede –convirtiendo en cada vez más minoritario al grupo de mujeres que se prostituyen sin ser explotadas por un proxeneta–, la Organización Internacional del Trabajo, grandes organizaciones internacionales por los derechos civiles y distintos Estados, impulsan la sindicalización de las mujeres en situación de prostitución. En el feminismo, la brutal contradicción entre la proliferación de las redes de trata, la creciente cifra de mujeres desaparecidas y/o secuestradas y, por otro lado, la fuerte presión internacional para la legalización de la prostitución, encendieron nuevamente el acallado
debate entre abolicionistas y regulacionistas del siglo XIX.
Un extenso debate –imposible de abordar en este espacio-, en el que el regulacionismo propone que el Estado legalice la prostitución y, por lo tanto, se reglamente la instalación de prostíbulos, las formas de explotación de las mujeres, los controles sanitarios y, por otro lado, el abolicionismo, que considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, combate el proxenetismo y lucha por desterrarlo. Este debate, actualmente, se expresa como una tendencia que aboga por la consideración de la prostitución como trabajo y, por tanto, su encuadramiento como cualquier otro oficio, con derecho a sindicalización y, por otro lado, una corriente que considera posible que la sociedad desestime el consumo de prostitución –lo que conduciría a su desaparición–, mediante el reforzamiento del poder punitivo del Estado vuelto contra el cliente8.
Las primeras discuten a las abolicionistas que los daños que ocasiona la estimagtización social de la prostitución es más dañino que lo que las segundas quieren encontrar como las consecuencias psíquicas gravosas de su ejercicio. Las segundas discuten a las regulacionistas cuál es la delgada línea que separa al sindicato de una organización para proteger los derechos de las mujeres de una nueva organización proxeneta. Sin embargo, tanto unas como otras ponen, en el mismo Estado capitalista que legitima y reproduce la milenaria opresión de las mujeres, la responsabilidad de regular la vida de las prostitutas o la responsabilidad de castigar a sus consumidores.
Lejos de todo moralismo, el marxismo reconoce que la prostitución es inseparable de las sociedades de clase y, por lo tanto, es inseparable del capitalismo. Pero reconocer que sólo acabando con todas las formas de explotación y opresión, podremos acabar con la prostitución, no es razón para no defender los derechos de las personas en esta situación –entre quienes las mujeres son mayoría absoluta–, a su autoorganización, exenta de la injerencia de proxenetas (sean fiolos o empresarios) y del Estado (sea regulacionista o punitivo). Combatimos la estigmatización, la persecución y marginación social, al tiempo que denunciamos y enfrentamos la represión policial de la prostitución. Denunciamos la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, sus funcionarios políticos, la justicia y poderosos empresarios en el funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata. Contra la utopía abolicionista, acompañamos y promovemos la lucha por exigir al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía de un trabajo digno, acceso a la salud, la educación, la vivienda y un salario que cubra las necesidades básicas de las personas. Pero lo hacemos con la mirada puesta en una sociedad donde abunden las horas para el ocio y la insatisfacción de las más primarias necesidades sea un vago recuerdo de la prehistoria humana.

1. Aunque no deja de ser sugestivo que, también hoy nos encontramos con mujeres que son secuestradas y explotadas sexualmente, como sucedía con las esclavas en los antiguos imperios –que eran raptadas y arrancadas de sus tierras nativas para ser ofrecidas al servicio sexual de los dignatarios vencedores.
2. F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Buenos Aires, Claridad, 1941.
3. Íd.
4. Una investigación de la época muestra que más del 90% de las mujeres detenidas por ejercicio de la prostitución en la prisión de Millbank eran hijas de obreros, mientras las madres de más de la mitad de ellas, habían sido sirvientas, vendedoras ambulantes o lavanderas. Otros estudios exponen de qué manera aumenta el número de mujeres dedicadas a la prostitución, al tiempo que aumenta la incorporación de mujeres como obreras en las distintas ramas industriales y el comercio. Citado por J. Walkowitz en Prostitution and Victorian Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
5. A. Bebel, La mujer y el socialismo, La Habana, Editorial de las Ciencias Sociales, 1979.
6. Sheila Jeffreys, La industria de la vagina. La economía política de la comercializaci.ón global del sexo, Barcelona, Paidós, 2011.
7. Íd.
8. Una de las campañas globales más destacada es la que toma como slogan “Sin clientes no hay trata”.

Andrea D‘Atri
 IDZ
Número 7, marzo 2014.