(3 artículos)
*Premio Nobel de Economía
Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en los hechos, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados enEE.UU. y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales tratos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE.UU. es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de Estados Unidos están cada vez más obstinados.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa – y más deshonesta – de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el gobierno estadounidense y otros gobiernos proporcionan seguros similares. No obstante, EE.UU. demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.
La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intensión de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de Estados Unidos. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futurasesperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto, que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE.UU., ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de cigarrillos.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque dichos gobiernos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales judiciales como en el Congreso de Estados Unidos.
No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las corporaciones que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.
Es fundamental que el sistema de gobierno de Estados Unidos cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, no-transparente, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.
Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las corporaciones pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos – en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo – los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan apersonarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE.UU., incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y
Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.
Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE.UU. han sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las corporaciones, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.
Y los abogados corporativos de alto costo en EE.UU., Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las corporaciones de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.
Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las corporaciones ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE.UU., Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.
*Premio Nobel de Economía
(Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos)
La Constitución de las corporaciones
Por Sandra Russo
Se llama ISDS. Es la cláusula crucial, el corazón del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el ITTP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión), que puso al rojo vivo al Parlamento Europeo esta semana. El martes iba a votarse en Estrasburgo un informe de cien páginas que, de ser aprobado, constituiría la hoja de ruta para que la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, continuara las negociaciones hacia el ITTP. Pero a las 17.45 de esa tarde, la única repentina votación que tuvo lugar fue la suspensión de la votación sobre el informe. Algo hacía zozobrar su aprobación. Los verdes y la coalición de las izquierdas lo vetaban, y los conservadores y “populares” lo apoyaban. Los socialistas fueron los que dieron la nota con sus vaivenes: después de haber objetado la cláusula ISDS en un primer momento, la habían reincorporado en un segundo momento. En un tercero, que fue la tarde del martes, algunos eurodiputados socialistas avisaron que volvían a rechazarlo. El informe no se votó, en síntesis, porque corría serio riesgo de ganar el No.
Las siglas acá no son inocentes. Encubren, como es costumbre. Millones de europeos, desde sus casas, sus crisis, sus vacilaciones cotidianas, no logran perforar el significado de esas chapas que parecen nombrar moléculas o minerales, pero que designan una maniobra política sin precedentes que, de ser aprobada, decapitaría las respectivas legislaciones municipales, estaduales y nacionales europeas, para imponer, liso y llano, un gobierno corporativo en la Zona Euro. Y no es que sea tan difícil de entender. Es que el ITTP navega sólido por las aguas mediáticas que lo acunan, acolchado por las grandes pautas, que pagan las corporaciones. Los grandes medios europeos son exactamente iguales que los grandes medios de cualquier parte. No se rigen por el criterio del derecho a la información, sino por la del actual capitalismo desmechado, que es la madre de todos los borregos.
La cláusula ISDS propone la solución a eventuales futuros conflictos entre una corporación y un Estado. Así como se lee, y todo lo que sigue es así como se lee. Es necesario comprender la magnitud siniestra de la cláusula ISDS para advertir lo que está en juego, que no es otra cosa que la soberanía de cada Estado que lo firme. Porque... ¿cómo se solucionarían los futuros conflictos entre una corporación transnacional y un Estado en virtud de esa cláusula? Ah, fácil: si una corporación de cualquier tipo considera que una ley nacional, autonómica o local le impide obtener “los beneficios esperados”, puede demandar a ese Estado ante... una corte privada formada por “tres árbitros” que decidirán si ese Estado debe indemnizar a la corporación. ¿A qué renuncian los Estados firmantes de esa cláusula? Nada menos que a su propia legislación. ¿Y qué aceptan a cambio? Cortes privadas que fallen entre lo privado y lo público. A ese nivel de perversión llega el neoliberalismo, que no está muerto ni pasado de moda ni arrepentido ni replanteado. Es el mismo de siempre. El de la población sacrificable y los territorios inviables.
La presidenta del Trasnational Institute, Susan George –una investigadora social de larga trayectoria, presidenta honoraria de Attac Francia–, dijo en la previa a la cumbre de la UE y la Cepal esta misma semana, en referencia a las discusiones frenéticas que se dan en la UE en relación con el TTIP: “Tenemos que revertir la ideología neoliberal apelando a los principios de derechos humanos. De lo contrario, Estados Unidos seguirá ahondando en la senda que abrió con el Nafta –el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá-, y acabará firmando dos acuerdos similares, uno con la UE, el TTIP, y otro con la Alianza del Pacífico, el TPP. Pasará a controlar así el 60 por ciento del PBI mundial, y el 75 por ciento del comercio global”. Sobre el TTIP y su cláusula venenosa, George fue tajante: “Es una horrible pieza de legislación. Se les dará a las empresas la oportunidad de deshacer todo el trabajo que se ha hecho en Europa por construir un modelo social en beneficio de las personas y los trabajadores”.
Por su parte, Lola Sánchez, eurodiputada del español Podemos, dijo que quienes se oponen al TTIP en el Parlamento Europeo no sólo están dando sus razones hacia adentro del recinto, sino tratando de hacerse escuchar por los ciudadanos, “para que la gente se entere de qué es lo que se está tramando”. Es impensable, salvo bajo el conocido hechizo de “lo inevitable” que plantea el neoliberalismo, que dirigencias responsables se inclinen tanto, que cedan hasta sus respectivas jurisdicciones legislativas bajo la promesa una y otra vez falaz de inversiones que, si llegan, mandan sus ganancias a sus bases, en muchos casos paraísos fiscales.
“Es necesario pararlo antes de que avance –seguía Lola Sánchez–, y por supuesto no permitir que esto se apruebe nunca. Esto es un golpe de Estado. Es la Constitución de las corporaciones.” Esto es lo que sigilosamente se arrastra bajo la buscada descomposición de Europa, porque es imposible que quienes ponen el barco en esa dirección no sean conscientes de lo que hacen, que en definitiva es preparar el paisaje de carroña para que lleguen los buitres confesos o disimulados. Es oportuno subrayar que la eurodiputada española usa la expresión “golpe de Estado” en una nueva acepción, muy lejos ya de las irrupciones militares en la América latina de los ’70, más cerca de las actuales desestabilizaciones institucionales que conocemos por aquí. Pero está hablando de otra cosa, de una forma embrionaria de imposición de reglas por parte de las empresas no ya a los gobiernos, sino directamente a los Estados. Concluía Sánchez: “Están haciendo un proceso deconstituyente. No tenemos, ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo, mandato para deconstruir el andamiaje legal y el aparato jurídico y legislativo que tenemos”.
Tan feroz es el avance que pretenden las corporaciones, que los eurodiputados de las nuevas fuerzas políticas exigen que se lo tome como lo que es, una nueva Constitución, que para ser aprobada debería pasar por un referéndum país por país. Lo que se enuncia como “libre comercio” es el modelo de mundo unipolar que se les está escurriendo entre los dedos.
PAGINA 12
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La II Cumbre UE-CELAC debate cómo seguir articulando propuestas de resistencia y alternativa a los tratados de comercio e inversiones
Reclamando la soberanía de los pueblos frente a la arquitectura de la impunidad
Gorka Martija
La Marea/OMAL
A lo largo de esta semana, entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, con ocasión de la II Cumbre UE-CELAC, diferentes movimientos sociales de Europa y América Latina —y también de países de otras latitudes como Sudáfrica o Filipinas—, se han dado cita en Bruselas para debatir sobre cómo seguir articulando propuestas de resistencia y alternativa a los tratados de comercio e inversiones y frente al poder de las empresas transnacionales.La convocatoria de estos días de movilización sigue la estela de la red birregional Enlazando Alternativas, una dinámica de los movimientos sociales por la que, desde el año 2004, viene fomentándose la suma de esfuerzos por parte de organizaciones y plataformas de ambos lados del Atlántico, aprovechando la celebración bianual de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para confrontar esa arquitectura de la impunidad formada por la maraña de tratados de “libre comercio” que se han generalizado a nivel global en las últimas décadas.
Como integrantes de esta red, así como de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo, varios miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) hemos estado estos días en Bruselas tomando parte activa en las movilizaciones y en los enriquecedores debates que allí tuvieron lugar. Igualmente, hemos podido participar en la Cumbre de los Pueblos, impulsada por el movimiento de solidaridad con el ALBA-TCP y el gobierno venezolano, que se ha realizado de manera paralela pero guiada por un espíritu contrahegemónico similar. Como dijo en esta cumbre alternativa Luis Nieto, coordinador de Paz con Dignidad, “con casos como el de la transnacional Chevron-Texaco en Ecuador queda claro que en la lex mercatoria se anteponen los negocios de las empresas transnacionales a la soberanía de los pueblos”.
Con la vista puesta en Estrasburgo
Pese a no tratarse de una cuestión directamente vinculada con las relaciones birregionales entre la UE y América Latina, la votación que debía haberse realizado el pasado miércoles en el Parlamento Europeo —que esta semana, mientras los presidentes y jefes de Estado se reunían en Bruselas, llevaba a cabo sus sesiones en Estrasburgo— sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP) impregnó el ambiente durante toda la cita. De hecho, la postura de rechazo frontal de este acuerdo comercial por parte de estas redes de movimientos sociales fue recogida en la carta abierta a los gobiernos de la UE-CELAC aprobada por el plenario de cierre de las jornadas. Por eso, la noticia de la posposición de la votación, motivada realmente por la ausencia de certezas sobre el margen de aprobación que finalmente pudiera resultar, fue vivida como una especie de victoria.
La necesidad de reforzar la solidaridad con el pueblo griego frente a los embates de la supuestamente extinta Troika fue también una constante, así como las reflexiones de los compañeros y compañeras del otro lado del océano en torno a la ironía que supone el hecho de que en Europa se viva hoy la misma pesadilla que desde los años ochenta asola tierras latinoamericanas. En este sentido, el imperativo para los pueblos europeos es claro: convertir el TTIP en nuestro ALCA, derrotándolo y abriendo un nuevo ciclo histórico en la región, como sucedió en Mar del Plata en 2005.
Contra la lex mercatoria y por la unidad latinoamericana
Han sido muchos los temas abordados en estos días, como muchos son los movimientos que se han desplazado hasta Bruselas para aportar la visión de sus respectivas luchas respecto a los retos regionales y globales que, en el marco de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, hoy enfrentamos.
Entre ellos, sin duda, el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales ha ocupado un lugar central, en tanto que herramienta valiosa de lucha contra la impunidad de las grandes corporaciones. Porque, como dijo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de OMAL, este tratado alternativo “entronca con una concepción del Derecho Internacional radicalmente diferente a la oficial, con una perspectiva que se aleja de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales”. Hernández aportó diferentes elementos de análisis al respecto, como la versatilidad de una herramienta que combina un cambio de paradigma, apostando por una transformación del Derecho Internacional que sea construida desde abajo, con un gran potencial de ser una propuesta inmediata y factible en el corto plazo. En la misma línea, Simona Fraudatario, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, remarcó la necesidad de reactivar la Carta de Argel de 1976, dotando de un hilo histórico a las resistencias actuales.
La denuncia del extractivismo también fue una constante entre las participantes, destacando la aportación desde el prisma africano de David Fig y Thoko Madonko, que pusieron el foco en el sector minero en Sudáfrica, así como en la especialmente sangrante situación de la industria extractiva de coltán en la República Democrática del Congo, vinculada a la producción de teléfonos móviles que, huelga decirlo, no tiene en la ciudadanía congoleña a su principal nicho de consumidores, aunque sí de víctimas. Por otro lado, el aumento del peso de este tipo de actividades en América Latina ocupó un espacio de reflexión destacado, como no podía ser de otra manera, toda vez que se trata de un elemento nuclear de las agendas de la práctica totalidad de movimientos sociales de la región.
Fueron muchas las personas que destacaron los nuevos retos que se avecinan en Latinoamérica en torno a la renovada ofensiva de la derecha neoliberal en la región, que camina en paralelo a nuevos intentos por hacer avanzar los acuerdos de “libre comercio” por parte de la Unión Europea. Así, la necesidad de una evaluación pública y democrática de los impactos de los Acuerdos de Asociación de la UE con México y Chile; la demanda de no ratificación de los acordados con Colombia, Perú y Centroamérica; y el llamado al Mercosur y a sus países componentes a no reiniciar las negociaciones con la Unión, han ocupado un espacio privilegiado en los debates celebrados.
A este respecto, tanto Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, como Graciela Rodríguez, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), coincidieron en la necesidad de fortalecer las dinámicas que, no sin contradicciones, tratan de avanzar hacia la consolidación de la unidad latinoamericana. Para ello, se trata de reforzar las alianzas de los gobiernos progresistas con los sectores populares más combativos, demandando a los países de Mercosur que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la Unión, que pretende profundizar relaciones en términos de bilateralidad con países como Brasil o Paraguay, rompiendo así la unidad del bloque. Y es que la UE siempre ha sido, pese a la retórica, enemiga de una verdadera integración regional de América Latina.
Este año, dos citas cruciales
2015 va a ser un año con dos fechas marcadas en rojo en el calendario de estas redes y plataformas de solidaridad internacional.
Por un lado, en diciembre se celebrará en París la cumbre multilateral contra el cambio climático, que resituará los parámetros de acción global establecidos en Kyoto. Los movimientos sociales, los colectivos ambientalistas, las organizaciones sindicales y contra la austeridad se movilizarán en paralelo para tratar de trasladar la presión de la sociedad civil en favor de un cambio de modelo integral que nos permita afrontar la crisis ecológica global que padecemos.
Por otro lado, y más cercano en el tiempo, a principios de julio se celebrará la sesión de constitución del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Comisión de Derechos Humanos de la ONUpara la elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, recogiendo así el guante de la iniciativa aprobada hace un año para la negociación de una normativa multilateral vinculante que vele por evitar la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales.
Como denunció María Fernanda Espinosa, representante de la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, la UE conforma un bloque de oposición sin fisuras a este instrumento de fiscalización de las multinacionales, fomentando maniobras dilatorias como la no participación en las reuniones como vía para vaciar de contenido el futuro grupo de trabajo, planteando exigencias como que este no sea presidido por personas consideradas por la Unión como “parciales” y proponiendo, en lugar de personas vinculadas al gobierno ecuatoriano —principal impulsor institucional de la iniciativa—, a perfiles pretendidamente técnicos como el de John Ruggie, precursor del Global Compact y exrepresentante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales.
Como integrantes de esta red, así como de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo, varios miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) hemos estado estos días en Bruselas tomando parte activa en las movilizaciones y en los enriquecedores debates que allí tuvieron lugar. Igualmente, hemos podido participar en la Cumbre de los Pueblos, impulsada por el movimiento de solidaridad con el ALBA-TCP y el gobierno venezolano, que se ha realizado de manera paralela pero guiada por un espíritu contrahegemónico similar. Como dijo en esta cumbre alternativa Luis Nieto, coordinador de Paz con Dignidad, “con casos como el de la transnacional Chevron-Texaco en Ecuador queda claro que en la lex mercatoria se anteponen los negocios de las empresas transnacionales a la soberanía de los pueblos”.
Con la vista puesta en Estrasburgo
Pese a no tratarse de una cuestión directamente vinculada con las relaciones birregionales entre la UE y América Latina, la votación que debía haberse realizado el pasado miércoles en el Parlamento Europeo —que esta semana, mientras los presidentes y jefes de Estado se reunían en Bruselas, llevaba a cabo sus sesiones en Estrasburgo— sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP) impregnó el ambiente durante toda la cita. De hecho, la postura de rechazo frontal de este acuerdo comercial por parte de estas redes de movimientos sociales fue recogida en la carta abierta a los gobiernos de la UE-CELAC aprobada por el plenario de cierre de las jornadas. Por eso, la noticia de la posposición de la votación, motivada realmente por la ausencia de certezas sobre el margen de aprobación que finalmente pudiera resultar, fue vivida como una especie de victoria.
La necesidad de reforzar la solidaridad con el pueblo griego frente a los embates de la supuestamente extinta Troika fue también una constante, así como las reflexiones de los compañeros y compañeras del otro lado del océano en torno a la ironía que supone el hecho de que en Europa se viva hoy la misma pesadilla que desde los años ochenta asola tierras latinoamericanas. En este sentido, el imperativo para los pueblos europeos es claro: convertir el TTIP en nuestro ALCA, derrotándolo y abriendo un nuevo ciclo histórico en la región, como sucedió en Mar del Plata en 2005.
Contra la lex mercatoria y por la unidad latinoamericana
Han sido muchos los temas abordados en estos días, como muchos son los movimientos que se han desplazado hasta Bruselas para aportar la visión de sus respectivas luchas respecto a los retos regionales y globales que, en el marco de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, hoy enfrentamos.
Entre ellos, sin duda, el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales ha ocupado un lugar central, en tanto que herramienta valiosa de lucha contra la impunidad de las grandes corporaciones. Porque, como dijo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de OMAL, este tratado alternativo “entronca con una concepción del Derecho Internacional radicalmente diferente a la oficial, con una perspectiva que se aleja de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales”. Hernández aportó diferentes elementos de análisis al respecto, como la versatilidad de una herramienta que combina un cambio de paradigma, apostando por una transformación del Derecho Internacional que sea construida desde abajo, con un gran potencial de ser una propuesta inmediata y factible en el corto plazo. En la misma línea, Simona Fraudatario, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, remarcó la necesidad de reactivar la Carta de Argel de 1976, dotando de un hilo histórico a las resistencias actuales.
La denuncia del extractivismo también fue una constante entre las participantes, destacando la aportación desde el prisma africano de David Fig y Thoko Madonko, que pusieron el foco en el sector minero en Sudáfrica, así como en la especialmente sangrante situación de la industria extractiva de coltán en la República Democrática del Congo, vinculada a la producción de teléfonos móviles que, huelga decirlo, no tiene en la ciudadanía congoleña a su principal nicho de consumidores, aunque sí de víctimas. Por otro lado, el aumento del peso de este tipo de actividades en América Latina ocupó un espacio de reflexión destacado, como no podía ser de otra manera, toda vez que se trata de un elemento nuclear de las agendas de la práctica totalidad de movimientos sociales de la región.
Fueron muchas las personas que destacaron los nuevos retos que se avecinan en Latinoamérica en torno a la renovada ofensiva de la derecha neoliberal en la región, que camina en paralelo a nuevos intentos por hacer avanzar los acuerdos de “libre comercio” por parte de la Unión Europea. Así, la necesidad de una evaluación pública y democrática de los impactos de los Acuerdos de Asociación de la UE con México y Chile; la demanda de no ratificación de los acordados con Colombia, Perú y Centroamérica; y el llamado al Mercosur y a sus países componentes a no reiniciar las negociaciones con la Unión, han ocupado un espacio privilegiado en los debates celebrados.
A este respecto, tanto Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, como Graciela Rodríguez, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), coincidieron en la necesidad de fortalecer las dinámicas que, no sin contradicciones, tratan de avanzar hacia la consolidación de la unidad latinoamericana. Para ello, se trata de reforzar las alianzas de los gobiernos progresistas con los sectores populares más combativos, demandando a los países de Mercosur que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la Unión, que pretende profundizar relaciones en términos de bilateralidad con países como Brasil o Paraguay, rompiendo así la unidad del bloque. Y es que la UE siempre ha sido, pese a la retórica, enemiga de una verdadera integración regional de América Latina.
Este año, dos citas cruciales
2015 va a ser un año con dos fechas marcadas en rojo en el calendario de estas redes y plataformas de solidaridad internacional.
Por un lado, en diciembre se celebrará en París la cumbre multilateral contra el cambio climático, que resituará los parámetros de acción global establecidos en Kyoto. Los movimientos sociales, los colectivos ambientalistas, las organizaciones sindicales y contra la austeridad se movilizarán en paralelo para tratar de trasladar la presión de la sociedad civil en favor de un cambio de modelo integral que nos permita afrontar la crisis ecológica global que padecemos.
Por otro lado, y más cercano en el tiempo, a principios de julio se celebrará la sesión de constitución del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Comisión de Derechos Humanos de la ONUpara la elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, recogiendo así el guante de la iniciativa aprobada hace un año para la negociación de una normativa multilateral vinculante que vele por evitar la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales.
Como denunció María Fernanda Espinosa, representante de la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, la UE conforma un bloque de oposición sin fisuras a este instrumento de fiscalización de las multinacionales, fomentando maniobras dilatorias como la no participación en las reuniones como vía para vaciar de contenido el futuro grupo de trabajo, planteando exigencias como que este no sea presidido por personas consideradas por la Unión como “parciales” y proponiendo, en lugar de personas vinculadas al gobierno ecuatoriano —principal impulsor institucional de la iniciativa—, a perfiles pretendidamente técnicos como el de John Ruggie, precursor del Global Compact y exrepresentante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales.
Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
